LA PAZ, 23 abr (El Libre Observador) — Una radiografía oficial sobre el estado de las empresas públicas en Bolivia ha encendido señales de alarma sobre la sostenibilidad del modelo estatal: al menos 15 de las 67 compañías presentan quiebra técnica y acumulan pérdidas por más de 2.655 millones de bolivianos (unos 383 millones de dólares), en un contexto de baja productividad y altos niveles de endeudamiento.
El diagnóstico, presentado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), ofrece una visión inédita sobre el desempeño de las firmas creadas con recursos estatales en las últimas décadas. A través de una nueva plataforma pública, el Gobierno busca transparentar el estado financiero de estas compañías, muchas de ellas concebidas durante el auge de los ingresos por materias primas.
“El análisis muestra distintos niveles de criticidad”, explicó el director de la OFEP, Pablo Camacho, al detallar que seis empresas se encuentran en estado crítico, con patrimonio negativo, incapacidad de generar utilidades y deudas vencidas sin posibilidad de pago por falta de liquidez.
Entre los casos más emblemáticos figura Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), considerada estratégica por el país. Pese a haber recibido inversiones por unos 6.200 millones de bolivianos, su planta opera apenas entre el 14% y el 17% de su capacidad instalada, reflejando las dificultades de Bolivia para consolidar su apuesta industrial en el sector del litio.
La lista de empresas en situación crítica incluye también a la Empresa Azucarera San Buenaventura, la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos, la Empresa Metalúrgica Karachipampa, la tecnológica Quipus y la textil Yacana, todas con problemas estructurales de gestión, mercado o diseño productivo.
El informe pone el foco en el origen del problema: la creación de estas empresas demandó alrededor de 73.000 millones de bolivianos (más de 10.400 millones de dólares), financiados en gran parte con reservas internacionales y endeudamiento público. Según la OFEP, una proporción significativa de estos recursos no podrá ser recuperada, lo que representa una carga para las finanzas del Estado.
Más allá de las cifras, el diagnóstico revela fallas de planificación. Camacho citó el caso de una planta de aceites vegetales en Villamontes que nunca contó con la materia prima necesaria, el cultivo de macororó, cuyo ciclo tarda años, así como una planta de fertilizantes en Santiváñez, cuya infraestructura no resiste el proceso químico que alberga y podría deteriorarse en pocos años.
El Gobierno anticipó que cada empresa será evaluada de manera individual para definir su futuro, que podría incluir reestructuraciones, cierres o ajustes operativos. En el caso de YLB, por su carácter estratégico, el análisis será asumido por las autoridades del sector energético.
La publicación de estos datos marca un punto de inflexión en el debate sobre el rol del Estado en la economía boliviana. Lo que durante años fue presentado como un motor de industrialización y diversificación productiva, hoy enfrenta cuestionamientos por su eficiencia, sostenibilidad y capacidad de generar retornos.
