LA PAZ, 9 oct (El Libre Observador) – En un país donde cada piedra, danza y canto cuentan una historia milenaria, el Gobierno boliviano ha decidido reforzar la defensa de su memoria colectiva. Con la promulgación del Decreto Supremo 5471, Bolivia actualiza su marco legal para la protección integral del patrimonio cultural, en un esfuerzo por frenar el deterioro, el saqueo y el olvido que amenazan a su vasta herencia material e inmaterial.
La norma, aprobada en Consejo de Ministros y promulgada por el presidente Luis Arce, reglamenta la Ley 530 del Patrimonio Cultural Boliviano, modificada por la Ley 1220, y establece un conjunto de medidas que van desde la conservación y registro de bienes hasta la creación de un Sistema Plurinacional de Registro del Patrimonio Cultural Boliviano (SPRPCB), considerado el primer instrumento técnico de alcance nacional para el control y seguimiento de los bienes patrimoniales.
“El decreto reafirma el compromiso del Estado con la defensa del legado histórico y cultural de las naciones y pueblos que conforman Bolivia, promoviendo su revalorización y transmisión a las futuras generaciones”, declaró el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, entidad que asumirá la rectoría de este nuevo marco de gestión cultural.
Una nación tejida por la memoria
Bolivia es, probablemente, uno de los países latinoamericanos con mayor densidad cultural por kilómetro cuadrado. Desde los templos de Tiwanaku, vestigios de una de las civilizaciones más antiguas de los Andes, hasta las fiestas rituales que mezclan devoción católica y cosmovisión indígena, el país alberga un mosaico de expresiones que son, a la vez, identidad y resistencia.
Sin embargo, esa riqueza ha estado históricamente expuesta a la degradación urbana, el tráfico ilícito de piezas arqueológicas y la pérdida de prácticas ancestrales. Museos departamentales han denunciado la desaparición de piezas coloniales, mientras que comunidades rurales advierten del riesgo de extinción de lenguas y danzas que no han sido registradas formalmente.
“El patrimonio no es solo un conjunto de objetos o ruinas, sino una forma de entendernos como país”, comenta la antropóloga Verónica Téllez, especialista en políticas culturales. “Durante años, el Estado careció de instrumentos eficaces para actuar frente a la pérdida del patrimonio. Este decreto puede marcar un antes y un después si se aplica con recursos y voluntad política”, añade.
Contra el saqueo y el abandono
El nuevo decreto también endurece las regulaciones sobre la transferencia, restauración y exhibición de bienes culturales, tanto dentro como fuera del país. Las piezas que salgan de Bolivia con fines de investigación o exposición deberán contar con autorización estatal expresa, un paso que busca evitar casos como el de las piezas precolombinas recuperadas recientemente desde Europa tras décadas de litigios diplomáticos.
Asimismo, la norma introduce sanciones ante negligencia o daño al patrimonio, establece protocolos de emergencia en caso de hallazgos arqueológicos durante obras públicas y define mecanismos de expropiación o decomiso de bienes en situación de riesgo.
El decreto también asigna recursos del Fondo de Fomento del Patrimonio Cultural Boliviano (FONPAC), con el objetivo de financiar la conservación, restauración y promoción del patrimonio en municipios y comunidades, donde muchas veces la precariedad económica dificulta la protección del legado cultural.
Patrimonio vivo y desafío futuro
Bolivia no solo protege templos o pinturas coloniales; protege también su patrimonio vivo, ese que se transmite en las calles, en los tejidos, en los rituales o en las palabras de los mayores. Expresiones como el Carnaval de Oruro, las misiones jesuíticas de Chiquitos, la festividad del Gran Poder y la cosmovisión andina del Qhapaq Ñan son ya Patrimonios de la Humanidad reconocidos por la UNESCO, pero detrás de ellos existe una infinidad de prácticas locales que aún esperan reconocimiento y apoyo.
“Estamos ante una oportunidad para unir la protección legal con la participación comunitaria”, señala el historiador Carlos Salazar, quien ha trabajado en la conservación de archivos coloniales. “El patrimonio debe ser vivido, no solo custodiado en vitrinas. Si las comunidades se apropian de su valor, el decreto cobrará sentido pleno”.
Una apuesta por la soberanía cultural
La promulgación del Decreto Supremo 5471 también puede leerse como un gesto político en la narrativa del Gobierno de Arce, que busca fortalecer la identidad plurinacional como pilar de soberanía. La cultura, en este marco, deja de ser un adorno simbólico y se convierte en un recurso estratégico para el desarrollo y la cohesión social.
En un contexto donde los discursos sobre el “vivir bien” y la “memoria de los pueblos” forman parte de la política exterior boliviana, el decreto actúa como un recordatorio de que la defensa del patrimonio no solo implica conservar el pasado, sino proyectarlo hacia el futuro.
Porque, como escribió alguna vez el poeta Franz Tamayo, “el alma de la patria vive en la piedra, en la voz y en el fuego del pueblo”. Con esta nueva norma, Bolivia intenta que esa llama —la de su identidad múltiple y su historia compartida— no se apague en medio de la modernidad ni del olvido.
