LA PAZ, 6 oct (El Libre Observador) — El Gobierno boliviano ha salido al paso de las crecientes voces que alertan de una crisis económica profunda. El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aseguró este lunes que el país “no está al borde de la estanflación” —una situación que combina recesión y alza descontrolada de precios— y rechazó que Bolivia atraviese “su peor momento económico”, como sostienen algunos analistas y actores de la oposición.
“Se ha avanzado de manera importante, hay estabilidad en varios mercados y sectores de la economía. No es como se quiere hacer creer que estamos entregando la peor situación económica; no es cierto”, afirmó el ministro durante la presentación de un balance económico en La Paz.
Su intervención llega en un momento de intensos debates sobre el rumbo fiscal y monetario del país, tras meses marcados por tensiones cambiarias, escasez de divisas y altos niveles de gasto público en subsidios energéticos.
Montenegro argumentó que la economía no presenta las características de una estanflación. “La estanflación es un escenario donde baja la producción, la tasa se vuelve negativa y los precios crecen de forma descontrolada. Eso no está ocurriendo en Bolivia. Al contrario, la tasa de inflación mensual está descendiendo”, sostuvo.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó la semana pasada que la inflación mensual en septiembre fue de 0,2%, lo que representa el tercer mes consecutivo de descenso. Aunque el acumulado en los nueve primeros meses de 2025 se situó en 18,33%, el Gobierno insiste en que el comportamiento reciente de los precios desmiente un escenario de descontrol inflacionario.
Además de los indicadores de precios, el ministro destacó otros elementos para sustentar su diagnóstico. Señaló que la inversión pública en sectores estratégicos como industria y turismo alcanzó los 232 millones de dólares en 2024, y que el nivel de deuda externa representa el 23,1% del PIB, una proporción que el Ejecutivo considera “sostenible”.
También recordó los esfuerzos para estabilizar la economía tras la pandemia de la Covid-19 y frente a los bloqueos de carreteras y la negativa de la Asamblea Legislativa Plurinacional a aprobar créditos externos por 1.638 millones de dólares. Solo las protestas, subrayó, ocasionaron pérdidas superiores a 5.000 millones de dólares.
“Varios elementos se conjugaron para crear un entorno de dificultades económicas. Aun así, hemos generado respuestas para estabilizar la economía. Ahora vendrán otras autoridades, otro enfoque, y esperemos que las políticas sociales no sean eliminadas”, añadió Montenegro, en alusión al cierre del actual periodo de Gobierno.
La defensa oficial busca contener la percepción de deterioro económico que ha ido ganando espacio en el debate público. Analistas críticos señalan que la persistente escasez de divisas, el uso intensivo de subsidios a los combustibles y la falta de medidas estructurales podrían desembocar en desequilibrios mayores si no se corrigen a tiempo.
Montenegro, sin embargo, volvió a respaldar la política de subsidios energéticos como pilar de estabilidad social y económica. “No hemos descargado el problema de los hidrocarburos en las espaldas del pueblo. Hemos hecho esfuerzos para cuidar la economía popular”, enfatizó, aludiendo al temor del Gobierno de que una retirada abrupta del subsidio pueda desencadenar tensiones sociales, como ocurrió en Ecuador en septiembre.
El debate sobre la verdadera magnitud de la coyuntura boliviana se ha instalado en plena transición política y con un panorama regional convulso. Mientras el Ejecutivo insiste en que la estabilidad macroeconómica está asegurada, voces técnicas y empresariales reclaman reformas de fondo para garantizar sostenibilidad fiscal y confianza externa. La respuesta del Gobierno ha sido clara: no hay estanflación y la economía, pese a las presiones, sigue bajo control.
