Por Marcelo Arce Rivero (El Deshabitado)
LA PAZ, 6 OCT — (El Libre Observador) — La escena fue tan mediocre como reveladora. El debate vicepresidencial, plagado de fallas técnicas y carente de ideas sólidas, sirvió no obstante para desnudar un hecho inquietante: la candidatura a la vicepresidencia de un hombre acusado de racismo abierto y de haberse beneficiado de una de las quiebras bancarias más escandalosas de los últimos años.
Nos referimos a Juan Pablo Velasco Dalence, acompañante de Jorge Tuto Quiroga y aspirante a la vicepresidencia por Alianza Libre, quien en plena transmisión televisiva no solo evitó disculparse por sus mensajes discriminatorios contra poblaciones del occidente boliviano, sino que tampoco logró despejar las serias acusaciones sobre su vínculo económico con el Banco Fassil.
Fue su adversario, Edmand Lara Montaño, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quien lanzó el dardo más certero; presentó documentos que muestran que Velasco poseía 7.000 acciones en el Banco Fassil y que él y varios miembros de su familia cobraron en conjunto más de 1,8 millones de bolivianos en dividendos en la gestión 2021, poco antes del colapso de la entidad. Esta revelación contradice directamente las declaraciones públicas de Velasco, quien semanas atrás negó cualquier participación o beneficio en el caso. Sin duda es un accionar típica de un “mentiroso”.
Lo más alarmante no es solo el monto ni la relación financiera, sino el patrón que emerge como es una candidatura que combina la intolerancia racial con la deshonestidad pública y una estrecha relación con intereses económicos que afectaron a miles de ahorristas bolivianos.
Que alguien con este historial pretenda ocupar la segunda magistratura del país plantea un dilema ético y político de enorme envergadura.
En el plano discursivo, Velasco se atrincheró en evasivas, prometiendo “presentar pruebas en los próximos días”, sin mostrar arrepentimiento alguno por sus mensajes racistas contra los habitantes del occidente boliviano. En lugar de un gesto de responsabilidad y humildad, optó por la estrategia del desmentido vacío, típica de quienes confían en que el ruido mediático enterrará cualquier exigencia de rendición de cuentas.
La pregunta de la ciudadanía es inevitable, ¿puede construirse un proyecto político legítimo sobre los cimientos del racismo, la mentira y la corrupción? Si la respuesta institucional es tibia o evasiva, el mensaje a la sociedad es devastador, que el poder puede albergar a quienes desprecian la diversidad cultural del país y manipulan el sistema financiero para su propio beneficio.
Bolivia necesita urgentemente elevar los estándares éticos en la política. La autoridad electoral, los partidos y la sociedad civil no pueden limitarse a observar pasivamente. Se requieren mecanismos claros para impedir que personas con antecedentes discriminatorios o involucradas en escándalos financieros accedan a cargos de alta investidura. La democracia no solo se mide en urnas, sino también en la calidad moral de quienes aspiran a gobernar.
Lara Montaño anunció que formalizará su denuncia por “daño económico al Estado” contra Velasco. Si esto se concreta, el binomio de Alianza Libre enfrentará no solo un desafío judicial, sino un juicio político y ético que marcará el epílogo de campaña hacia el balotaje del 19 de octubre.
Pero más allá de los nombres propios, este episodio es un espejo incómodo, pues muestra hasta qué punto el sistema permite que figuras cuestionadas lleguen tan lejos sin haber rendido cuentas previas.
La política boliviana no puede seguir normalizando el racismo ni tolerando las sombras de la corrupción. Si la sociedad acepta que un candidato así aspire a la vicepresidencia, no será él quien se burle de la democracia: será la democracia la que se habrá rendido.
