LA PAZ, 11 feb (El Libre Observador) — Durante semanas, el problema parecía menor: motores que fallaban, taxis detenidos en talleres mecánicos, choferes indignados y rumores que circulaban en estaciones de servicio. Pero en Bolivia, donde el combustible es un asunto tan cotidiano como político, la sospecha de gasolina de mala calidad terminó por detonar una crisis institucional que hoy sacude al Gobierno y expone las fisuras del Estado regulador.
La renuncia de Margot Ayala, directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), marcó un punto de quiebre. Lo hizo con palabras que sonaron más a descargo personal que a comunicado oficial. “Para preservar mi integridad profesional y personal, he decidido dar un paso al costado”, dijo, visiblemente afectada, tras más de dos semanas de presión pública, denuncias cruzadas y una investigación fiscal en curso.
Ayala se convirtió así en la primera alta autoridad en abandonar el Gobierno de Rodrigo Paz, apenas tres meses después de su llegada al poder. Había sido designada con un perfil técnico y con el respaldo del ministro de Hidrocarburos, pero quedó atrapada en el centro de un escándalo que desbordó a la ANH y se filtró hacia el núcleo del sector energético.
El detonante fue la denuncia de combustible adulterado, que dejó miles de vehículos con fallas mecánicas en varias ciudades del país. El contexto agravó la crisis: el Gobierno había retirado la subvención a los combustibles y comenzado a venderlos a precio internacional, una decisión impopular que elevó la sensibilidad social ante cualquier irregularidad.
En su defensa, Ayala negó vínculos partidarios y recordó su paso por el sector durante el Gobierno de Evo Morales. Aseguró haber sido testigo de irregularidades que no podían denunciarse. “Hemos vivido amordazados”, afirmó, en una frase que resonó más allá del caso puntual y reabrió viejas heridas sobre el funcionamiento del poder en Bolivia.
La escena se volvió aún más tensa cuando Ayala acudió a la Fiscalía de El Alto para declarar y se retiró sin responder preguntas. Para muchos, fue el gesto de una funcionaria cercada; para otros, la confirmación de que el problema iba más allá de una mala partida de gasolina.
El Gobierno rechazó de plano las acusaciones de presiones políticas. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, pidió esperar los informes técnicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la estatal encargada de la importación y distribución del combustible. Pero la calma duró poco.
Horas después, el vicepresidente Edmand Lara presentó una denuncia penal contra el presidente de YPFB, Yussef Akly, por presuntos contratos lesivos al Estado y pidió su aprehensión preventiva. La petrolera negó las acusaciones, aunque documentos difundidos por medios locales alimentaron las sospechas y empujaron el caso al terreno judicial.
Lo que comenzó como un problema técnico terminó convirtiéndose en una prueba política. En Bolivia, la gasolina no es solo energía: es símbolo de estabilidad, subsidio y contrato social. Cuando falla, la confianza se resiente.
La crisis deja al descubierto un dilema más profundo: un Estado que promete transparencia y control, pero que enfrenta límites institucionales y viejas prácticas difíciles de erradicar. La ANH, encargada de fiscalizar la calidad del combustible, quedó expuesta; YPFB, columna vertebral del sector energético, enfrenta ahora un escrutinio inédito.
Mientras los talleres siguen recibiendo vehículos dañados y las investigaciones avanzan, la pregunta de fondo permanece abierta: si el Estado no puede garantizar la calidad de la gasolina, ¿qué otras certezas están en riesgo?
