LA PAZ, 6 jul (El Libre Observador) — Las filas comienzan antes del amanecer y se prolongan hasta entrada la noche. Decenas de automóviles, camiones y motocicletas permanecen inmóviles frente a las estaciones de servicio, convertidas desde hace semanas en el termómetro más visible de la incertidumbre económica que atraviesa Bolivia. Para miles de conductores, conseguir gasolina o diésel sigue siendo una prueba de paciencia. Para el Gobierno, en cambio, el problema ya no se explica únicamente por las secuelas de los más de 50 días de bloqueos de carreteras que paralizaron la logística nacional, sino por un enemigo más difícil de combatir: las mafias que lucran con el combustible subsidiado.
Con esa lectura, el Ejecutivo intenta explicar por qué la normalización del abastecimiento aún no llega pese a que el tránsito volvió a abrirse y los convoyes de cisternas reanudaron su recorrido.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, sostuvo este lunes que parte del carburante importado no termina en los surtidores donde debería abastecer a la población, sino que alimenta una red de reventa y contrabando favorecida por una diferencia de precios que convierte al combustible boliviano en uno de los más baratos de la región.
«No se olviden de que en otros países nuestro combustible es barato, entonces hay gente que se está llevando el combustible. Entonces, no solo es un tema de YPFB, es un tema de que hay mafias, hay personas que están haciendo negocio y el combustible no está llegando donde tiene que llegar», afirmó la autoridad.
La declaración añade un nuevo capítulo a una crisis que ha dejado de ser exclusivamente logística para convertirse en un problema de control estatal sobre un producto altamente subsidiado.
Durante semanas, los bloqueos de carreteras interrumpieron el ingreso de combustibles importados y retrasaron su distribución hacia los principales centros urbanos. Aunque las carreteras volvieron a operar, el Gobierno reconoce que recuperar el ritmo habitual de abastecimiento requiere tiempo y un complejo proceso técnico.
Según Zamora, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha logrado restablecer la cadena de importación y distribución, pero mantiene estrictos controles antes de liberar cada cargamento. Son procedimientos que ralentizan la entrega, admitió, aunque resultan indispensables para garantizar la calidad del producto que llega a las estaciones de servicio.
«Hay un pedido grande de la población de que seamos muy cuidadosos con el tema de la calidad. Yacimientos está siguiendo todos los pasos que se vuelven burocráticos, pero necesarios para cuidar la calidad del combustible», explicó.
El Ejecutivo sostiene que las primeras señales de recuperación ya son visibles en algunas ciudades y asegura que el abastecimiento terminará de normalizarse durante los próximos días. Sin embargo, las escenas cotidianas en los surtidores reflejan que la percepción ciudadana todavía dista de ese diagnóstico oficial.
Transportistas, productores y conductores particulares continúan dedicando horas a la búsqueda de combustible, mientras la escasez mantiene bajo presión a distintos sectores de la economía.
En ese escenario, el Gobierno apunta también hacia prácticas que, según denuncia, profundizan el problema. Zamora aseguró que algunos vehículos cargan combustible dos o tres veces en una misma jornada para desviar posteriormente el producto hacia actividades ilícitas o al contrabando transfronterizo, aprovechando el amplio diferencial de precios con los países vecinos.
«La gente aprovecha; hay vehículos cargando dos o tres veces por día. Hay mafias que están haciendo negocio y el combustible no está llegando donde tiene que llegar», afirmó.
Las declaraciones reflejan un dilema que Bolivia arrastra desde hace años. El generoso subsidio estatal mantiene los precios internos entre los más bajos de Sudamérica, una política que protege el poder adquisitivo de la población, pero que al mismo tiempo crea fuertes incentivos para el mercado ilegal. Cada episodio de escasez expone esa fragilidad: cuanto más difícil resulta acceder al combustible, mayor valor adquiere fuera de los canales oficiales.
Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que la coordinación entre los ministerios de Economía, Hidrocarburos y Obras Públicas, junto con YPFB, permitirá cerrar el déficit de abastecimiento y reforzar los controles contra el desvío de carburantes.
El desafío, sin embargo, trasciende la recuperación de la logística. También consiste en demostrar que el Estado puede impedir que un combustible subsidiado con recursos públicos termine alimentando un negocio clandestino que se fortalece precisamente en los momentos de mayor escasez.
