LA PAZ, 6 jul (El Libre Observador) — En Bolivia, el aumento del precio de los alimentos ya no se mide únicamente en puntos de inflación. También se refleja en las porciones que se reducen, en las compras que se posponen y en las familias que cambian la calidad de su dieta para llegar a fin de mes. Lo que durante meses fue interpretado como una consecuencia de la inflación y de los problemas de abastecimiento comienza a adquirir otra dimensión: la del deterioro de un derecho humano esencial.
Con ese diagnóstico, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió este lunes que el encarecimiento sostenido de la canasta básica está comprometiendo el ejercicio del derecho a la alimentación en el país y pidió a todas las instituciones del Estado adoptar medidas coordinadas para evitar que la pérdida del poder adquisitivo continúe empujando a miles de hogares hacia una mayor vulnerabilidad.
La advertencia acompaña la presentación del informe «Monitoreo del Acceso a Alimentos y su Impacto en el Ejercicio del Derecho a la Alimentación en Bolivia – 2026», un seguimiento que la Defensoría realiza desde septiembre de 2024 en los principales mercados de las nueve capitales departamentales y de El Alto. El documento concluye que el encarecimiento de los alimentos ha dejado de responder únicamente a episodios coyunturales y empieza a consolidarse como un fenómeno estructural.
«La alimentación definitivamente no es un privilegio; la alimentación es un derecho humano», recordó Callisaya. Detrás de esa afirmación subyace una preocupación mayor: cuando el costo de los alimentos aumenta de forma persistente, el problema deja de ser exclusivamente económico y pasa a convertirse en una cuestión de derechos.
Los datos del estudio retratan esa transformación. Seis de cada diez personas consultadas —el 63 %— afirmaron que sus ingresos ya no alcanzan para cubrir la alimentación familiar. Otro 22 % aseguró que solo logra satisfacer parcialmente sus necesidades alimentarias y únicamente un 15 % considera suficiente su presupuesto para comprar los alimentos que requiere.
Las cifras dibujan un mapa del deterioro cotidiano. La Paz y El Alto registraron los incrementos de precios más severos durante el período analizado; Cochabamba mantiene una tendencia sostenida al alza, mientras que Oruro y Potosí combinaron el aumento de precios con episodios de desabastecimiento de productos básicos, una combinación que agravó la incertidumbre entre consumidores y comerciantes.
El informe sostiene que el impacto va más allá de los mercados. Muchas familias han reducido la cantidad de alimentos que consumen, han sustituido productos por otros de menor costo o han modificado sus hábitos alimentarios para adaptarse a un presupuesto cada vez más estrecho. En otras palabras, la inflación ha comenzado a alterar la forma en que las personas ejercen un derecho tan elemental como alimentarse.
Aunque los recientes bloqueos de carreteras agravaron la escasez y dificultaron el transporte de alimentos hacia las principales ciudades, la Defensoría considera que la crisis no puede explicarse únicamente por ese episodio. El monitoreo identifica un proceso de encarecimiento acumulado durante los últimos años, impulsado por factores económicos, distorsiones en las cadenas de abastecimiento y políticas cuyos efectos continúan debilitando el poder adquisitivo de los hogares.
Esa lectura supone un cambio de enfoque. En lugar de tratar el incremento de los precios como un problema temporal asociado a conflictos sociales, el organismo plantea que Bolivia enfrenta un desafío de carácter estructural que exige respuestas sostenidas y no únicamente medidas de emergencia.
Por ello, la Defensoría exhortó al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras a reforzar el monitoreo de la canasta básica, identificar las causas que mantienen elevados los precios y adoptar políticas que mejoren el acceso económico a los alimentos. También pidió al Ministerio de Economía evaluar el efecto del encarecimiento sobre el poder adquisitivo de los hogares y fortalecer los mecanismos de protección dirigidos a las familias más vulnerables.
El informe concluye con una advertencia que trasciende el debate económico. Garantizar el derecho a la alimentación, sostiene, no dependerá únicamente de contener la inflación o asegurar el abastecimiento de los mercados. También exigirá recuperar la capacidad de compra de los hogares y construir políticas públicas capaces de impedir que el precio de los alimentos determine quién puede ejercer plenamente uno de los derechos más básicos: el derecho a comer.
