LA PAZ, 6 feb (El Libre Observador) — El Banco Central de Bolivia (BCB) salió este viernes a despejar dudas sobre un crédito extraordinario por más de 31.800 millones de bolivianos aprobado a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en medio de un contexto de tensión fiscal y creciente escrutinio sobre el rol del ente emisor. Según la autoridad monetaria, no se trata de recursos nuevos ni de una operación que implique emisión, sino de un refinanciamiento de obligaciones previas contraídas por el Tesoro durante 2025.
“El Banco Central no ha entregado dinero fresco al Gobierno”, insistió el presidente del BCB, David Espinoza, al explicar que la operación está prevista en la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 y se limita a consolidar deudas de corto plazo bajo un nuevo esquema financiero de largo plazo. En términos simples, el Tesoro no recibe fondos adicionales, sino que reordena sus pasivos.
El crédito, por un monto de 31.839 millones de bolivianos (unos 4.574 millones de dólares), fue aprobado con un plazo de 35 años, un periodo de gracia de cinco años y una tasa de interés anual del 4,55%. La operación quedó establecida en una resolución del Directorio del BCB fechada el 27 de enero, cuya difusión en medios locales reavivó el debate sobre la independencia del Banco Central y su relación con el Ejecutivo.
Desde el ente emisor subrayan que la clave está en la naturaleza del refinanciamiento. A diferencia de un crédito nuevo —que implica un desembolso y aumenta la liquidez—, esta operación traslada obligaciones de corto plazo a un horizonte más largo, sin impacto en la cantidad de dinero en circulación. “No hay emisión monetaria ni incremento de liquidez”, remarcó Espinoza.
El BCB sostiene que este tipo de operaciones es habitual en los sistemas financieros y permite ordenar el perfil de la deuda pública, evitando presiones inmediatas sobre las cuentas fiscales. Según la entidad, todas las obligaciones de corto plazo otorgadas al Tesoro durante 2025 fueron consolidadas en una sola operación, lo que facilita su gestión sin alterar la política monetaria.
El episodio, sin embargo, se inscribe en un debate político más amplio. Sectores críticos han acusado en reiteradas ocasiones a gobiernos anteriores de utilizar al Banco Central como una “caja chica” para cubrir déficits fiscales. Frente a esas críticas, la actual administración del BCB asegura que su actuación se ajusta estrictamente al marco legal y a los compromisos del programa monetario vigente.
En un país donde la estabilidad monetaria ha sido durante años un pilar del discurso económico oficial, la explicación del Banco Central busca tranquilizar a los mercados y a la opinión pública: el crédito existe, pero —según la autoridad— no cambia las reglas del juego.
