LA PAZ, 21 ago (El Libre Observador) — El presidente boliviano, Rodrigo Paz, ha decidido este viernes retirar a su ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, apenas dos días después de que la Asamblea Legislativa lo censurara por no acudir a una interpelación. La destitución abre un nuevo frente político para un Gobierno que enfrenta dificultades económicas, tensiones con el Legislativo y una creciente controversia alrededor de miembros de su entorno por las denuncias contra el asesor presidencial Fernando Cerimedo.
La salida de Espinoza fue formalizada mediante el Decreto Supremo 5678, publicado en la Gaceta Oficial, que deja sin efecto su designación y encarga temporalmente la cartera a Óscar Mario Justiniano Pinto, hasta ahora ministro de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua.
El movimiento tiene una lectura que trasciende el relevo de una autoridad. Economía es una de las piezas centrales del Ejecutivo en un momento especialmente delicado para Bolivia, que arrastra problemas de liquidez, presión sobre las cuentas públicas, dificultades para garantizar divisas y un escenario de inflación y pérdida de poder adquisitivo que ha convertido la gestión económica en uno de los principales campos de disputa política.
Espinoza había llegado al cargo el 9 de noviembre de 2025, apenas un día después de la llegada de Paz a la Presidencia, como parte del primer gabinete del nuevo Gobierno. Su salida, por tanto, supone también el desplazamiento de uno de los funcionarios que acompañaron desde el comienzo la nueva etapa política que se abrió tras el cambio de Gobierno.
La destitución llega después de una secuencia política que comenzó el miércoles 19 de agosto, cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la censura de Espinoza por no presentarse a una sesión de interpelación.
El entonces ministro había justificado su ausencia alegando que debía cumplir funciones oficiales en Santa Cruz y Brasil. El Ejecutivo, sin embargo, rechazó la validez de la censura y anunció que recurriría al Tribunal Constitucional, al considerar que la votación parlamentaria no había alcanzado, según su interpretación, la mayoría requerida de los miembros del Legislativo.
El portavoz presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo esa posición y defendió que la Asamblea no podía convertir en vinculante una decisión adoptada únicamente con el voto de los legisladores presentes.
Durante dos días, el episodio parecía encaminado a convertirse en una nueva batalla institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero el decreto publicado este viernes cambió el desenlace: Espinoza dejó el cargo y el Gobierno optó por designar a un ministro interino.
La decisión no elimina, sin embargo, las interrogantes políticas que rodean al exministro.
El automóvil que se convirtió en un problema político
La censura parlamentaria no fue el único episodio que debilitó a Espinoza. Sobre su gestión también habían pesado cuestionamientos relacionados con la compra de un vehículo de alta gama.
La controversia surgió a partir de un documento notarial de compraventa en el que figuraba un precio de 50.000 bolivianos, una cifra considerablemente inferior al valor que se atribuía al motorizado.
El propio Espinoza reconoció posteriormente que existía un error en el documento y afirmó que el precio realmente pagado había sido de 350.000 bolivianos.
Pero la explicación abrió una segunda interrogante: ni la operación ni el vehículo aparecían, según las denuncias, en su declaración jurada de bienes y rentas, un requisito que deben cumplir los funcionarios públicos bolivianos como parte de los mecanismos de transparencia y control patrimonial.
La controversia adquirió entonces una dimensión política y judicial. El vicepresidente Edmand Lara presentó una denuncia contra Espinoza, que fue admitida por la Fiscalía y dio paso a una investigación.
Para el exministro, la disputa dejó de ser únicamente una discusión sobre su desempeño al frente de la economía y pasó a involucrar su patrimonio, la transparencia de sus actuaciones y eventuales responsabilidades que ahora deberán ser determinadas por las instancias correspondientes.
Un interinato en medio de una economía bajo presión
La designación temporal de Justiniano coloca sobre sus hombros una responsabilidad que va mucho más allá de administrar una transición.
El nuevo responsable interino deberá asumir una cartera que concentra algunas de las decisiones más sensibles del Gobierno: las cuentas fiscales, la política económica, la coordinación financiera del Estado y las medidas destinadas a enfrentar un escenario de dificultades económicas que ha golpeado a hogares, empresas y al propio sector público.
El relevo se produce además cuando el Gobierno de Paz necesita transmitir señales de estabilidad.
La economía boliviana atraviesa una etapa de fuertes tensiones, marcada por la escasez de divisas, la presión sobre las reservas internacionales, el encarecimiento de productos y servicios y las dificultades fiscales que heredó la nueva Administración.
En ese contexto, cada cambio en el Ministerio de Economía adquiere una dimensión política inmediata.
El Gobierno deberá decidir ahora si Justiniano será solamente una figura de transición o si su designación anticipa un cambio más profundo en el equipo económico. También tendrá que definir si el nuevo ministro mantendrá la orientación adoptada por Espinoza o imprimirá un nuevo rumbo a la política económica.
La respuesta será seguida de cerca por los mercados, los empresarios, los organismos internacionales y una población que enfrenta diariamente los efectos de la crisis.
De la confrontación institucional al cambio de ministro
La salida de Espinoza deja además una señal política sobre la relación entre el Gobierno de Paz y el Legislativo.
La censura había colocado al Ejecutivo ante una disyuntiva: aceptar la decisión parlamentaria, desafiarla mediante recursos constitucionales o buscar una salida política que evitara profundizar el enfrentamiento.
El decreto de este viernes parece haber optado por la tercera vía.
Paz retira a Espinoza, pero al mismo tiempo mantiene abierta la discusión jurídica sobre la censura. De esta manera, el Ejecutivo puede sostener su cuestionamiento al procedimiento legislativo mientras evita prolongar la permanencia de un ministro políticamente debilitado.
Es una salida pragmática, pero también deja una pregunta abierta: ¿se trata de un simple relevo o del primer síntoma de una reorganización mayor del gabinete?
La respuesta dependerá de quién sea finalmente elegido para dirigir Economía y, sobre todo, de las primeras decisiones que adopte.
Un Gobierno obligado a gestionar varias crisis a la vez
El episodio ocurre, además, en un momento especialmente incómodo para Paz.
Mientras el Ejecutivo busca contener las dificultades económicas y recomponer su relación con el Legislativo, el Gobierno enfrenta otra controversia de alto impacto vinculada al entorno presidencial.
El asesor presidencial Fernando Cerimedo fue aprehendido por una denuncia relacionada con una tentativa de feminicidio, un caso que ha generado presión política y mediática sobre el entorno del mandatario.
Así, la salida de Espinoza no aparece como un hecho aislado. Se suma a una cadena de acontecimientos que obligan al Gobierno a defender su gestión económica, responder ante el Legislativo y dar explicaciones sobre personas vinculadas a su círculo político.
El problema para Paz es que estas crisis ocurren simultáneamente.
La economía exige decisiones rápidas; el Parlamento demanda respuestas políticas; y las investigaciones que involucran a funcionarios o personas próximas al poder colocan al Ejecutivo bajo una lupa cada vez más intensa.
En ese escenario, el cambio de ministro de Economía puede terminar siendo más que una sustitución administrativa.
Puede convertirse en una prueba sobre la capacidad del Gobierno para corregir el rumbo sin perder cohesión interna.
El desafío de Paz
El presidente deberá ahora escoger al nuevo titular de una de las carteras más sensibles de su Administración.
No será una elección menor. El próximo ministro tendrá que recuperar credibilidad, enfrentar un escenario fiscal complejo y ofrecer respuestas frente a una economía que reclama certidumbre. También tendrá que trabajar en un terreno político donde cualquier decisión económica puede convertirse rápidamente en una disputa con la oposición o con sectores sociales afectados por el ajuste.
La salida de Espinoza deja, por tanto, un ministerio en transición y un Gobierno ante una decisión estratégica.
Paz llegó a la Presidencia prometiendo una ruptura con las prácticas del pasado y una nueva conducción del Estado. Nueve meses después de asumir el poder, la salida de uno de los ministros de su primer gabinete muestra que la renovación política también puede convertirse en una prueba de estabilidad.
Justiniano tendrá ahora la tarea de administrar esa transición. Pero la pregunta que queda sobre la mesa no es solamente cuánto tiempo permanecerá como ministro interino.
Es quién ocupará definitivamente el despacho de Economía y qué política económica defenderá el Gobierno cuando lo haga.
Porque detrás de la salida de Gabriel Espinoza hay una disputa más profunda: quién conducirá la economía boliviana en uno de los momentos más difíciles de la nueva Administración de Rodrigo Paz.
