COCHABAMBA, 16 sep (El Libre Observador) — El presidente de Bolivia, Luis Arce, compareció este martes ante la Fiscalía en la ciudad de Cochabamba y se abstuvo de declarar, tras haber sido citado en el marco de una denuncia presentada por la exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Brenda La Fuente.
La acusación, que ha generado un fuerte revuelo político y mediático en el país, lo señala por abandono de mujer embarazada, violencia intrafamiliar y económica, así como por negarse a reconocer la paternidad de un presunto hijo.
De acuerdo con la defensa de la denunciante, Arce acudió de manera reservada a las instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) del Ministerio Público, donde optó por acogerse a su derecho constitucional a no declarar. “El presidente vino a la declaración informativa, pero se abstuvo”, afirmó a periodistas la abogada Camila Vargas, representante legal de La Fuente.
El episodio añade tensión a la agenda del mandatario, que ya había calificado el asunto como un “tema personal” días atrás. El 8 de septiembre, Arce aseguró que se enteró de la denuncia a través de los medios de comunicación y sostuvo que enfrentarían el proceso sus abogados particulares, una vez recibida la notificación oficial.
El otro abogado de la parte acusadora, Patricio Vargas, explicó que la citación no fue comunicada previamente a la denunciante. “Nosotros desconocíamos la fecha; nos enteramos después de que ya había cumplido con este requisito formal”, señaló, al confirmar que el jefe de Estado asistió en estricta reserva y se abstuvo de emitir declaración alguna.
La defensa de La Fuente adelantó que en las próximas horas interpondrá una demanda de asistencia familiar contra el mandatario. Si éste llegara a negar la paternidad, solicitarán al juez la realización de una prueba de ADN. “Si el presidente se opone, la normativa en materia familiar prevé que un juez ordene la toma de muestras biológicas para determinar la filiación. Es un paso legal y necesario”, subrayó Vargas.
El Código Penal boliviano, en su artículo 250, establece que el delito de abandono de mujer embarazada puede ser sancionado con entre tres y seis años de prisión. La figura legal, aunque pocas veces aplicada a un mandatario en funciones, abre un escenario inédito en la política boliviana, donde la vida privada de los gobernantes suele convertirse en terreno de disputa pública.
El caso ha sacudido al oficialismo en un momento delicado, marcado por divisiones internas en el Movimiento al Socialismo (MAS) y una creciente presión de la oposición, que busca erosionar la imagen presidencial a poco más de un año de las elecciones generales de 2025. La denuncia también ha generado un intenso debate social sobre género, responsabilidades familiares y ética en el ejercicio del poder.
Mientras tanto, la defensa de La Fuente aseguró que continuará informando sobre cada avance del proceso, “dada la repercusión nacional que este caso ha tenido”. En Bolivia, donde la figura presidencial está históricamente cargada de simbolismo político, la investigación judicial abre un flanco inesperado que pone a prueba la capacidad de Arce de mantener el control político en medio de una creciente crisis de confianza.
