LA PAZ, 25 nov (El Libre Observador) — El Gobierno de Bolivia ha decidido este martes postergar la eliminación gradual de la subvención a los combustibles, una de las medidas económicas más sensibles del país, y ha colocado como prioridad inmediata la “preservación de la estabilidad” en un contexto de tensiones fiscales y presiones inflacionarias.
La decisión llega después de semanas de debate interno y señales contradictorias que alimentaron expectativas de un inminente giro en la política energética, responsable de más de al menos 2.000 millones de dólares anuales en gasto estatal.
El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, afirmó que “no hay que apurarse” y que cualquier ajuste deberá ejecutarse “paso a paso” para preservar la estabilidad y evitar impactos sobre los hogares más vulnerables.
La posición del Ejecutivo se produce mientras la administración del presidente Rodrigo Paz evalúa un paquete más amplio de medidas económicas, que incluye la reducción del gasto público, la revisión del Presupuesto General del Estado de 2026 y la eliminación de cuatro impuestos con el objetivo de reactivar la inversión y aliviar la carga financiera sobre las empresas.
Espinoza reiteró que el Gobierno debe “preparar el camino” antes de modificar políticas sensibles para las mayorías del país como la subvención a los carburantes o el tipo de cambio del dólar.
La subvención, vigente desde hace casi dos décadas, se ha convertido en un punto de fricción entre economistas, empresarios y el propio Ejecutivo. Mientras el Ministerio de Economía admite que el costo fiscal es cada vez más difícil de sostener, especialmente con menores ingresos por exportaciones y una economía que crece menos, el Gobierno teme que un ajuste abrupto dispare precios, golpee el transporte y desate protestas en un escenario político ya susceptible.
El ministro defiende que el país “no puede arriesgar la estabilidad interna” y que cualquier modificación al esquema actual deberá ser gradual, técnica y acompañada de un plan de compensación social.
La preocupación no es menor: en Bolivia, los combustibles baratos tienen un peso simbólico y económico que ha sido determinante en la gobernabilidad de los últimos quince años. Cualquier intento de encarecerlos ha generado conflictos, bloqueos y retrocesos políticos.
Analistas advierten que la decisión de aplazar el ajuste refleja tanto prudencia como limitaciones, cierta debilidad o temor por provocar un rechazo de la población.
El Gobierno necesita reducir el gasto para recomponer las cuentas públicas, pero carece todavía de un colchón político sólido para enfrentar un posible aumento del costo de vida. En paralelo, busca señales de recuperación en la producción interna y en el flujo de divisas antes de emprender cualquier reforma de fondo.
