LA PAZ, 25 sep (El Libre Observador) — Bolivia declaró prioritaria la reorganización, disolución o liquidación de sus empresas públicas, en una nueva medida del Gobierno del presidente Rodrigo Paz para contener el gasto estatal y revisar un sector empresarial que agrupa a 67 entidades.
El Decreto Supremo 5727, aprobado en una reunión virtual de gabinete encabezada por Paz desde Nueva York y publicado este viernes, establece la ruta para determinar el futuro de las empresas públicas del nivel central del Estado, incluidas aquellas que podrían ser cerradas o liquidadas.
La norma dispone que las decisiones se basen en un diagnóstico de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), que identificó al menos 20 empresas en situación crítica entre las 67 evaluadas.
“El Gobierno de Bolivia anunció el 10 de septiembre que prepara el cierre de hasta una decena de empresas públicas deficitarias en los próximos meses, como parte de su programa para reducir el gasto y racionalizar la estructura estatal”, señala el decreto.
Del total evaluado, 42 empresas son completamente estatales y 25 son mixtas, con participación mayoritaria del Estado y capital privado.
El diagnóstico deberá ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP). A partir de esa decisión, el ministerio responsable tendrá hasta 15 días hábiles para gestionar el instrumento jurídico requerido.
El proceso no implicará un cierre automático. Cada empresa será sometida a una decisión individual que podrá derivar en su reorganización, disolución o liquidación, dependiendo de su situación financiera, jurídica y operativa.
Cuando corresponda, la medida podrá ejecutarse mediante un nuevo decreto supremo o requerir un proyecto de ley, según el mecanismo utilizado para crear originalmente la empresa.
El Gobierno también impuso restricciones a las entidades alcanzadas por estos procesos. Desde su notificación, no podrán asumir nuevo endeudamiento, vender activos, incorporar personal permanente, aprobar incrementos salariales, condonar acreencias ni suscribir contratos que excedan la gestión fiscal.
La decisión llega en un momento de fuerte presión sobre las cuentas públicas bolivianas, en el marco de un programa gubernamental que busca reducir el déficit, contener el gasto y modificar el tamaño de la administración estatal.
El decreto establece además que una liquidación no podrá detenerse por investigaciones, auditorías o procesos administrativos destinados a establecer responsabilidades. Los eventuales procesos por el manejo de recursos públicos continuarán incluso después de la disolución de una empresa.
La entidad liquidadora deberá informar públicamente sobre el avance del proceso, mientras que los ministerios responsables presentarán reportes semestrales al COSEEP y un informe final que será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La medida coloca por primera vez bajo una misma hoja de ruta a las 67 empresas públicas del nivel central y convierte su desempeño y viabilidad en un asunto prioritario de la política económica del nuevo Gobierno.
El resultado será una reducción del número de empresas estatales, una reorganización de algunas entidades o ambas cosas dependerá de los diagnósticos y de las decisiones jurídicas que adopte el Ejecutivo en los próximos meses.
