LA PAZ, 28 jul (El Libre Observador) – El ruido electoral ya se escucha en Bolivia, pero esta vez no viene solo de las campañas. A pocas semanas de que se intensifique la contienda rumbo a las elecciones generales, el Gobierno salió al paso de una creciente controversia: ¿hasta dónde llega el derecho a la protesta electoral?
“Votar nulo es un derecho. Llamar a romper papeletas, no”, afirmó este lunes el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, al responder a declaraciones del senador Leonardo Loza, del ala radical “evista” del Movimiento al Socialismo (MAS), quien sugirió a sus bases destruir las papeletas como acto de rechazo a lo que consideran un proceso “viciado” que dejó fuera a Evo Morales.
En entrevista con medios estatales, Ríos advirtió que estas declaraciones cruzan una línea peligrosa. “El derecho al voto incluye su anulación voluntaria, sí, pero cuando se llama a sabotear el proceso, a destruir material electoral, eso ya es atentatorio contra la democracia y la institucionalidad”, sentenció.
La tensión interna en el oficialismo crece. La corriente liderada por Morales ha anunciado una campaña por el voto nulo como forma de presión política, tras la exclusión del exmandatario de las candidaturas nacionales. Aunque constitucionalmente el voto nulo y blanco son opciones válidas, el ministro alertó que promover su ejercicio mediante acciones que puedan interpretarse como violencia o sabotaje puede tener consecuencias legales.
“Instigar a destruir papeletas puede configurarse como delito electoral. Hay una diferencia entre protestar y buscar convulsionar. Algunos sectores no buscan el voto ciudadano, sino el caos para acortar el mandato democrático”, señaló Ríos, aludiendo a los antecedentes de 2019.
En calles paceñas, la polémica también se discute entre ciudadanos. “Votar nulo es mi derecho si nadie me convence, pero romper la papeleta es otra cosa”, opina Graciela Mamani, profesora de secundaria. “La gente está harta de los mismos, pero tampoco queremos que se incendie todo otra vez”, agrega.
El senador Loza, por su parte, ratificó que su llamado es político, no violento. “Queremos mostrar el rechazo popular a este proceso manipulado. No es sabotaje, es resistencia”, declaró brevemente en el Parlamento.
El Tribunal Supremo Electoral, hasta ahora, ha evitado confrontar directamente con las declaraciones, pero ha recordado que destruir papeletas o interferir con el acto electoral puede constituir falta grave, sujeta a sanción. También reiteró que votos blancos y nulos se contabilizan, pero no favorecen a ninguna candidatura. Mientras tanto, las grietas internas del MAS se profundizan.
Con la oposición dividida y los oficialistas enfrentados, el escenario electoral en Bolivia se dibuja como una disputa no solo de votos, sino de legitimidades. Y en medio de ese campo de batalla simbólico, el valor —y la forma— de cada papeleta cobra una nueva dimensión política.
