LIMA, PERÚ, 28 may (El Libre Observador) – La sombra del escándalo se cierne cada vez más sobre la figura de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. La Fiscalía ha presentado una denuncia constitucional en su contra por el caso conocido como «Rolexgate», acusándola del delito de cohecho pasivo impropio.
La denuncia, presentada ante el Congreso de la República, señala que Boluarte habría recibido como «donaciones» del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, tres relojes Rolex, joyas valorizadas en miles de dólares y beneficios para su región a cambio de favores políticos.
Este caso, que ha conmocionado a la sociedad peruana, se remonta a marzo pasado cuando una investigación periodística reveló que la mandataria poseía una colección de relojes de lujo sin declarar. Inicialmente, Boluarte aseguró que los relojes eran producto de su «esfuerzo personal», pero luego cambió su versión y admitió que se trataba de un «préstamo» de su amigo Oscorima, calificando la donación como un «error político».
La denuncia de la Fiscalía, que consta de 63 páginas, detalla las supuestas irregularidades en las que habría incurrido la presidenta. Sostiene que la compra de relojes y joyas por parte del gobernador coincide con visitas que este realizó a Boluarte y que el Ejecutivo ha emitido decretos que beneficiaron al gobernador y su región.
La Fiscalía sostiene que Boluarte habría actuado «dolosamente» al recibir estos regalos como «donaciones», utilizando su cargo para beneficiar a Oscorima a cambio de estos lujosos obsequios.
La denuncia constitucional es un procedimiento especial que se aplica a altos funcionarios del Estado, como la presidenta, quienes gozan de inmunidad. Ahora, el Congreso tendrá la responsabilidad de analizar la denuncia y determinar si procede o no un juicio político contra Boluarte.
De ser así, Boluarte se convertiría en la primera presidenta de Perú en ser acusada por este tipo de procedimiento. El camino hacia su destitución sería largo y complejo, pero la sombra del «Rolexgate» ya pesa sobre su futuro político.
Este caso ha generado gran indignación en la población peruana, quienes exigen que se investigue a fondo las presuntas irregularidades y se haga justicia. La denuncia de la Fiscalía es un paso importante en esa dirección, pero aún queda mucho por recorrer para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades.
