LA PAZ, 26 sep (El Libre Observador) — El Cerro Rico de Potosí, la montaña que hizo de Bolivia un referente mundial en minería durante la colonia, enfrenta hoy una de las crisis más graves de su historia: 148 hundimientos registrados y la necesidad urgente de cerrar más del 73% de sus bocaminas. El Gobierno boliviano ha presentado estos datos como parte de un plan de preservación que combina medidas técnicas, legales y patrimoniales, pero el desafío continúa siendo monumental.
El macizo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987, simboliza la riqueza mineral que generó la prosperidad de la Potosí colonial y la explotación extrema de miles de indígenas y esclavos africanos. Hoy, más de cinco siglos de extracción han dejado huellas profundas: la estructura del cerro se ha debilitado, aparecen hundimientos de distintos tamaños y se han identificado zonas críticas de alto riesgo.
El viceministro de Política Minera, Allen Marcelo Ballesteros, explicó que el 73,9% de las bocaminas han sido cerradas o trasladadas, mientras que otras se encuentran en proceso de clausura definitiva. La mayoría de los hundimientos son pequeños, pero los catalogados como “de consideración” desplazan grandes volúmenes de material, aumentando la amenaza de derrumbes.
El contexto legal y administrativo es igualmente complejo. La Sala Constitucional Primera de Potosí ordenó esta semana congelar las cuentas del ministro de Minería y de altos funcionarios de Comibol por incumplir una sentencia que exige estabilizar las zonas vulnerables del cerro y trasladar operaciones mineras por encima de los 4.700 metros. El fallo prevé multas progresivas y posibles acciones penales si persiste la desobediencia, reflejando la tensión entre la preservación patrimonial y la presión económica de la minería.
El Comité Interinstitucional para la Preservación del Cerro Rico, que agrupa al gobierno nacional, autoridades locales, cooperativas mineras y universidades, coordina estudios fotogramétricos y monitoreo constante de la montaña. La estrategia contempla trasladar más de 420.000 toneladas de desechos metalúrgicos a la cima del macizo para reforzar la estabilidad geológica. Técnicos habilitaron vías de acceso y puntos de supervisión sobre la cota 4.400 metros, donde se concentra gran parte de la actividad minera.
El caso del Cerro Rico es un espejo de los dilemas históricos de Potosí: riqueza versus sostenibilidad, memoria histórica versus economía inmediata. La montaña no solo representa un recurso mineral, sino un símbolo del sufrimiento de generaciones y de la construcción de una identidad regional ligada a la plata y la minería.
A nivel internacional, expertos advierten que la conservación de sitios como el Cerro Rico exige un equilibrio entre explotación económica y preservación patrimonial. La UNESCO ha reiterado alertas sobre el riesgo de colapso y ha instado a los gobiernos a garantizar la seguridad estructural de la montaña. En la región, casos similares, como las minas históricas de Zacatecas en México o Cerro de Pasco en Perú, evidencian que la falta de planificación y control técnico puede convertir el patrimonio en una amenaza latente para la población.
En Bolivia, la presión social es palpable. El Comité Cívico Potosinista interpuso acciones legales por incumplimiento de la sentencia constitucional, subrayando que la protección del Cerro Rico no es solo una cuestión técnica, sino también un imperativo cultural y social.
Mientras tanto, el Gobierno defiende su plan, insistiendo en que la coordinación con las cooperativas y la aplicación de medidas de mitigación garantizarán la estabilidad de la montaña y la seguridad de quienes viven y trabajan alrededor. El Cerro Rico, sin embargo, sigue siendo un recordatorio vivo de la historia, la explotación y los riesgos que enfrenta una de las joyas minerales más emblemáticas de América Latina.
