LA PAZ, 23 jun (Xinhua) — Los camiones avanzan otra vez por las rutas que durante más de 50 días permanecieron bloqueadas y las filas en las estaciones de servicio comienzan a reducirse. Pero mientras el país intenta recuperar la normalidad, una pregunta domina el debate económico boliviano, ¿quién pagará la factura de una crisis que paralizó buena parte de la producción nacional?
El fin de los bloqueos no ha significado el fin de los problemas. Miles de transportistas regresan a sus hogares con deudas acumuladas; pequeños empresarios intentan reconstruir negocios golpeados por semanas sin ventas; productores agropecuarios calculan pérdidas provocadas por mercancías que nunca llegaron a los mercados. La protesta quedó atrás, pero sus consecuencias siguen presentes en las cuentas de las familias y las empresas.
En este escenario han comenzado a surgir propuestas para evitar que la recuperación económica se convierta en una nueva crisis social. Las ideas van desde créditos blandos para sectores productivos hasta subsidios temporales y compensaciones directas para quienes quedaron atrapados durante semanas en las carreteras.
El economista Fernando Romero considera que el desafío inmediato del Gobierno de Rodrigo Paz Pereira consiste en impedir que los daños se traduzcan en cierres de empresas y destrucción de empleos.
Su propuesta pasa por la creación de un programa extraordinario de recuperación productiva destinado a los sectores más afectados por el conflicto: transporte, agroindustria, minería, comercio, turismo, gastronomía e industria manufacturera.
La lógica detrás de la iniciativa es sencilla. Después de casi dos meses de interrupciones, muchas pequeñas y medianas empresas agotaron sus reservas financieras. Sin apoyo estatal, advierte Romero, numerosas unidades productivas podrían desaparecer antes de que la economía logre estabilizarse.
La propuesta incluye créditos con tasas preferenciales, refinanciamiento de deudas y alivios tributarios temporales. No se trata únicamente de compensar pérdidas, sino de reconstruir el capital de trabajo que permitió sobrevivir a miles de negocios antes de la crisis.
Pero el economista sostiene que el problema va más allá del financiamiento. La recuperación dependerá también de que el país logre restablecer plenamente sus cadenas de suministro.
Durante semanas, la falta de combustible, alimentos, medicamentos e insumos industriales afectó la actividad económica en distintas regiones. Por ello plantea un plan especial de normalización logística coordinado entre el Gobierno central, las autoridades regionales, los productores y el sector transportista.
La reconstrucción, sin embargo, no solo pasa por reparar daños. También implica generar nuevas oportunidades.
Romero propone acelerar proyectos de infraestructura pública con capacidad inmediata para crear empleo: carreteras, sistemas de riego, obras urbanas y programas productivos regionales. En una economía golpeada por la desaceleración y la incertidumbre, la inversión pública vuelve a aparecer como una herramienta para estimular la demanda y recuperar el crecimiento.
Sin embargo, la propuesta más ambiciosa no es económica sino política. Romero plantea la necesidad de un acuerdo nacional para la estabilidad que permita evitar que Bolivia vuelva a caer en ciclos recurrentes de confrontación.
La advertencia refleja una preocupación compartida por empresarios e inversionistas. La incertidumbre se ha convertido en uno de los principales costos de la crisis. De poco serviría recuperar la actividad económica, argumenta, si nuevos conflictos vuelven a paralizar al país dentro de unos meses.
Mientras tanto, desde su aliado gubernamental surge iniciativas más concretas y dirigidas a grupos específicos. El empresario y político Samuel Doria Medina puso el foco en uno de los rostros más visibles de la crisis al referirse los transportistas que permanecieron atrapados durante semanas en los puntos de bloqueo.
Muchos de ellos sobrevivieron en condiciones precarias, durmiendo dentro de sus vehículos, con acceso limitado a alimentos, agua o atención médica. Para ese sector, Doria Medina propone una compensación directa mediante vales de gasolina equivalentes a 10.000 bolivianos por conductor.
La medida busca aliviar el impacto económico de semanas sin ingresos y facilitar el retorno a la actividad. Pero también tiene una dimensión simbólica: reconocer a quienes quedaron inmovilizados en una crisis que no provocaron.
El socio gubernamental complementa la propuesta con otras medidas de apoyo social, entre ellas un fondo para dotar de insumos a pequeños emprendedores afectados por los bloqueos y la condonación temporal de facturas de agua y electricidad para los hogares más vulnerables.
Las distintas iniciativas revelan una realidad incómoda para el Gobierno. Aunque los bloqueos han terminado, la recuperación económica apenas comienza. Las pérdidas acumuladas durante casi dos meses de interrupciones no desaparecerán con la reapertura de las carreteras ni con el retorno gradual del abastecimiento de combustibles.
