LA PAZ, 10 ago (El Libre Observador) — Bolivia y Brasil activarán esta semana un dispositivo binacional con operaciones permanentes en los puntos más peligrosos de su frontera para contener la expansión del crimen organizado, en una ofensiva que busca golpear las redes vinculadas a los grupos brasileños Primer Comando de la Capital (PCC) y Comando Vermelho y a sus aliados locales.
El plan, denominado “Frontera Segura”, será lanzado el jueves 13 de agosto en Guayaramerín, en el departamento boliviano de Beni, con la presencia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y autoridades de seguridad de Brasil, informó este lunes a los medios de prensa el ministro boliviano de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
La operación tendrá inicialmente como escenario los departamentos bolivianos de Pando, Beni y Santa Cruz, territorios fronterizos con Brasil donde en las últimas semanas se han registrado episodios de violencia que han elevado la preocupación de las autoridades por la actividad de organizaciones criminales.
“Vamos a lanzar el plan Frontera Segura”, confirmó Oviedo, al explicar que la estrategia contempla una cooperación operativa más estrecha entre la Policía Boliviana y la Policía Federal brasileña, además del intercambio permanente de información e inteligencia.
La novedad central del dispositivo será su carácter permanente. Las autoridades prevén instalar operaciones en distintos puntos de la frontera para detectar movimientos de organizaciones criminales, impedir su expansión y facilitar acciones coordinadas a ambos lados de la línea limítrofe.
La decisión se produce después de una escalada de violencia en Santa Cruz y otras zonas fronterizas. En los últimos días, al menos 10 personas murieron en hechos violentos registrados en Santa Cruz, entre ellas un teniente de la Policía que fue acribillado y posteriormente carbonizado, según la información proporcionada por el Gobierno.
A Santa Cruz se suman Guayaramerín y Cobija, además de San Matías y Puerto Suárez, localidades consideradas estratégicas por su ubicación fronteriza y catalogadas por las autoridades como zonas de especial riesgo.
Oviedo identificó a la frontera con Brasil como un escenario de disputa entre el PCC y el Comando Vermelho, dos de las organizaciones criminales más conocidas de Brasil, junto con grupos aliados que operan en territorio boliviano.
La respuesta de ambos gobiernos pretende cerrar espacios de movilidad y coordinación a esas estructuras mediante una combinación de presencia policial, inteligencia compartida y operaciones conjuntas.
El mecanismo contempla además la instalación de una oficina permanente de la Policía Federal brasileña en Bolivia, mientras agentes bolivianos desarrollarán tareas de coordinación en territorio brasileño. La intención es mantener abierto un flujo constante de información y acelerar la respuesta frente a movimientos de las redes criminales.
“Ya estamos trabajando con la Policía Federal brasileña, coordinamos y hacemos intercambio de informaciones”, afirmó Oviedo, quien anticipó que esa cooperación será ampliada con la puesta en marcha del nuevo dispositivo.
El lanzamiento de “Frontera Segura” reunirá en Guayaramerín a los máximos responsables de seguridad de ambos países. Está prevista la asistencia del presidente Paz, del ministro brasileño de Seguridad y Justicia, Wellington Lima e Silva, del comandante nacional de la Policía Federal de Brasil y de autoridades policiales y de defensa de ambas naciones.
La iniciativa representa un intento de Bolivia y Brasil por pasar de la cooperación policial puntual a una estrategia sostenida de vigilancia y combate al crimen transfronterizo, en una región donde las organizaciones criminales aprovechan la extensión de la frontera y las rutas internacionales para desarrollar sus actividades.
El principal desafío será convertir la coordinación anunciada en resultados concretos: desarticular redes, detener a sus operadores y cortar las rutas utilizadas por el crimen organizado. Para La Paz y Brasilia, la frontera ya no es solamente una línea geográfica, sino uno de los principales frentes compartidos contra la expansión de la violencia criminal.
