LA PAZ, 12 ago (El Libre Observador) — Las filas han vuelto a convertirse en una postal cotidiana de Bolivia. Camiones, micros, flotas y automóviles particulares se amontonan frente a los surtidores en busca de gasolina y, sobre todo, de diésel. Algunos conductores esperan horas; otros, días. El combustible que debería poner en movimiento a la economía se ha transformado en uno de los principales síntomas de una crisis que el presidente Rodrigo Paz reconoce ahora que era más profunda de lo que había calculado.
“Me disculpo por algunas cosas que tal vez no están saliendo tan rápido como quisiéramos”, dijo este miércoles el mandatario durante un acto en Yacuiba, en el sur del país. Paz definió el problema como “un dolor en el pecho” y prometió endurecer la lucha contra lo que calificó como “grupos” y “mafias” vinculados al abastecimiento.
La frase presidencial tiene un peso particular porque llega después de meses en los que el suministro de carburantes ha sido una de las mayores fuentes de tensión social y económica. Las filas persisten en La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y otras regiones, mientras los transportistas denuncian pérdidas y reducción de sus servicios. La crisis, lejos de quedarse en las estaciones de servicio, empieza a medir el pulso de las ciudades.
En Santa Cruz, el impacto ya se siente en el transporte urbano. El sector ha reportado una drástica reducción de unidades en circulación por la falta de diésel, mientras las empresas de transporte interdepartamental también han reducido sus salidas. En Cochabamba, las filas de camiones y vehículos particulares se prolongan por varios kilómetros y algunas estaciones han quedado temporalmente sin combustible.
La escena recuerda que el problema no consiste simplemente en llenar el tanque. El diésel mueve camiones, buses, maquinaria agrícola y buena parte de la actividad productiva. Cuando falta, la espera en un surtidor termina convirtiéndose en retrasos, mercancías que no llegan, viajes suspendidos y jornadas de trabajo perdidas.
La crisis tampoco es nueva. Bolivia lleva más de un año con problemas recurrentes de abastecimiento y el deterioro del sector energético se ha convertido en una de las principales dificultades de la economía. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior ha apuntado recientemente a una combinación de menor volumen de importaciones y problemas asociados a la subvención como parte del escenario actual.
Paz ha decidido reconocer públicamente la dimensión del problema. En otro acto celebrado en Yacuiba, durante la entrega de una carretera, volvió sobre las dificultades de sus primeros meses de Gobierno.
“Este ha sido un año muy duro”, afirmó. Y añadió: “Sí, tenemos muchas complicaciones, pero las vamos a ir superando”.
Después llegó una frase que revela el cambio de diagnóstico: “He intentado hacer de la mejor manera, pero resulta que el problema había sido más grande, y lo estamos encarando”.
El presidente pidió disculpas también por las promesas que no se han cumplido como esperaba. El reconocimiento llega en un momento especialmente delicado para su Gobierno, que intenta simultáneamente resolver la emergencia de los carburantes y modificar las bases económicas que, según sostiene, han llevado al país a esta situación.
EL COMBUSTIBLE Y LA ECONOMÍA
Mientras las cisternas y los surtidores concentran la atención inmediata, el Gobierno intenta avanzar en una agenda económica de más largo alcance. Este martes envió a la Asamblea Legislativa su proyecto de Ley de Inversiones, una apuesta destinada a atraer capitales nacionales y extranjeros y a generar producción, industria y empleo.
Paz presentó la iniciativa como una cuestión de pragmatismo, alejada de las viejas etiquetas políticas.
“A mí no me importa si el dólar viene de la izquierda o de la derecha. Yo quiero que el dólar venga, aterrice en Bolivia y genere producción, empleo, industria y desarrollo”, sostuvo.
La propuesta busca abrir la economía a nuevas inversiones precisamente cuando el país necesita divisas para sostener importaciones esenciales, entre ellas los carburantes.
Ahí aparece una de las paradojas de la crisis boliviana: el Gobierno quiere atraer dólares para transformar la economía, pero mientras intenta construir ese futuro debe resolver una emergencia que ya está afectando al presente.
LA PRESIÓN DE LAS CALLES
Los transportistas han comenzado a elevar el tono. En La Paz, dirigentes del sector denuncian incumplimientos en el abastecimiento y han advertido con nuevas medidas de presión.
El malestar no se limita a los dirigentes. Cada hora de espera en una estación de servicio tiene un costo para quienes trabajan con el vehículo, para quienes necesitan trasladarse y para las empresas que dependen del transporte.
La situación ha llevado incluso a sectores económicos a plantear cambios más profundos en la política de combustibles. La Fundación Jubileo ha propuesto elevar los precios para terminar con las filas y la escasez, una medida que revela la magnitud del debate que enfrenta el país.
Paz, por ahora, apuesta por otra vía: ordenar el abastecimiento, enfrentar las redes que identifica como responsables de parte del problema y atraer inversión para reconstruir la capacidad económica.
Pero las filas no esperan. En las avenidas de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, los vehículos permanecen inmóviles mientras sus conductores miran el reloj y calculan cuánto les costará otro día sin combustible.
El presidente ha reconocido que el problema era mayor de lo previsto. La cuestión que queda abierta es cuánto tiempo necesitará el Gobierno para demostrar que el nuevo diagnóstico viene acompañado de una solución.
Porque en Bolivia, estos días, la crisis económica tiene una medida concreta: el tiempo que un conductor debe esperar para conseguir unos litros de combustible.
