LA PAZ, 11 nov (El Libre Observador) – En un ambiente de desafío institucional, el Segundo Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia ratificó este lunes la fecha de las elecciones judiciales del 15 de diciembre y condenó la reciente sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que intenta frenar los comicios en varios departamentos bolivianos.
La considerada cumbre, que reunió a líderes políticos de todos los sectores, fue categórica: Bolivia necesita renovar su sistema judicial en los tiempos previstos, y ninguna resolución debe entorpecer ese mandato.
La reunión fue un espacio de unidad donde participaron figuras clave de los tres poderes del Estado, así como representantes de partidos políticos, cuerpos diplomáticos y organismos internacionales.
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, dio lectura a una declaración en la que, sin rodeos, se denunció que la sentencia 0770/2024 del TCP «incurre en una flagrante violación del principio de preclusión», una regla que garantiza el respeto de los plazos y secuencias del proceso electoral. Según el TSE y sus aliados, esta intervención judicial es un golpe directo contra la estabilidad democrática y el sistema judicial del país.
PEDIDO DE RESPALDO INSTITUCIONAL
La sentencia del TCP afectaría directamente la elección de magistrados en varios departamentos estratégicos, entre ellos Beni, Pando y Cochabamba.
Ante esto, el vicepresidente David Choquehuanca, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, el ministro de Justicia, César Siles, y líderes políticos manifestaron un respaldo categórico al TSE, comprometiéndose a asegurar que las elecciones judiciales se celebren de forma íntegra y sin alteraciones el próximo 15 de diciembre.
Los participantes remarcaron la necesidad de procesos electorales seguros y transparentes, defendiendo la vigencia de la Ley 1549, que regula las elecciones judiciales de 2024. Esta norma, recalcaron, es la base legal de un proceso que no puede ni debe ser interrumpido por decisiones de última hora.
En su declaración, el Órgano Ejecutivo se comprometió a proporcionar todos los recursos económicos necesarios para que el proceso electoral se lleve a cabo sin contratiempos, garantizando además la posesión de las autoridades electas en enero de 2025.
La Asamblea Legislativa fue instada a pronunciarse con urgencia para rechazar la sentencia del TCP y asegurar que los tiempos de la elección judicial no sufran retrasos.
Como un paso más hacia la transparencia y la rendición de cuentas, la declaración sugirió una modificación a la Ley 044 que permitiría enjuiciar a los vocales electorales en casos de responsabilidad institucional, asegurando que los propios encargados de supervisar el proceso también estén sujetos a control.
Las palabras finales de Hassenteufel, al cierre de la reunión, reflejan la gravedad del momento: “Hoy firmamos esta declaración sin excepción alguna, porque sabemos que la democracia está en juego”.
El pronunciamiento unánime evidenció un bloque sólido contra el fallo del TCP y un compromiso inquebrantable de garantizar la renovación del sistema judicial. Con el 15 de diciembre como meta inamovible, Bolivia se prepara para enfrentar uno de sus mayores desafíos en defensa de un proceso electoral libre de interferencias y alineado con el mandato popular.
