LA PAZ, 23 jul (El Libre Observador) — En el hall de la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano, el presidente Luis Arce volvió a alzar la voz en un tono que mezcla advertencia y desafío: “Vemos en riesgo nuestros recursos naturales y nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. Ningún candidato ha dicho cómo resolver los problemas urgentes de la gente, como el abastecimiento de combustibles”.
Era más que una declaración en un acto formal; era un mensaje de campaña velado en un país que encara elecciones en menos de un mes y atraviesa una pugna interna en el oficialismo que amenaza con fracturarlo.
El Estado Plurinacional, proclamado en 2009 durante el gobierno de Evo Morales, fue la pieza central de una transformación política que buscó dejar atrás siglos de exclusión. Reconoce a 36 naciones indígenas, establece autonomías territoriales, pluralismo jurídico y cultural, y redefine a Bolivia como un país de “naciones originarias y pueblos campesinos” junto a los sectores urbanos.
Para el Movimiento al Socialismo (MAS), que gobierna desde hace casi dos décadas, el modelo es un símbolo de su proyecto político. Para la oposición, es un sistema costoso que ha sido instrumentalizado como herramienta de control político.
El propio MAS está dividido. Morales, quien aún lidera una facción poderosa con apoyo de sindicatos cocaleros y campesinos, acusa a Arce de “debilitar” el proceso plurinacional y lo desafía con su propia candidatura presidencial. Arce, en respuesta, refuerza su narrativa como defensor del modelo, apoyándose en sectores fabriles y urbanos, e insistiendo en que los rivales opositores ponen en riesgo no solo el Estado Plurinacional, sino también los recursos naturales que financian al país.
Las reservas de gas natural y los proyectos de industrialización del litio —dos pilares económicos— se han convertido en banderas políticas en disputa. Arce advierte que las plataformas electorales rivales no presentan planes claros para manejar estas riquezas estratégicas, mientras crecen las tensiones por la escasez de combustibles y una inflación que golpea a los más pobres.
“Hasta ahora no hemos escuchado propuestas que resuelvan los problemas urgentes como el tema de los combustibles”, subrayó en el acto de posesión del nuevo ministro de Trabajo, Víctor Quispe, un sindicalista fabril que simboliza el intento de Arce por reconectar con las bases obreras.
La oposición, liderada por bloques regionales y partidos de centro y derecha, acusa al Gobierno de usar el Estado Plurinacional como “arma electoral” y de esconder la magnitud de la crisis energética y fiscal. Para ellos, la advertencia de Arce sobre “el riesgo al Estado y los recursos” no es más que una táctica para movilizar el voto leal y desviar la atención de problemas estructurales.
En este cruce de narrativas, la campaña hacia las elecciones del 17 de agosto se perfila como un referéndum implícito sobre el propio Estado Plurinacional y el modelo económico que lo sostiene. Para Arce, defenderlo es sinónimo de preservar su base social y el legado del proceso de cambio. Para la oposición, cuestionarlo es parte de una estrategia para recuperar protagonismo político.
Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta la incertidumbre de un país donde las promesas se multiplican, pero las soluciones concretas —desde garantizar gasolina hasta estabilizar la inflación— siguen ausentes del debate.
