LA PAZ, 13 may (El Libre Observador) — En Bolivia, el encierro anticipado se ha convertido en la norma. Más de la mitad de los privados de libertad —un 58,7%— permanece en prisión sin haber recibido una sentencia, y las cárceles del país operan con un hacinamiento del 105%, reveló este martes el Informe 2024 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), presentado por la Defensoría del Pueblo.
Con una población penal que asciende a 32.035 personas, el sistema penitenciario boliviano está colapsado. “Existe un crecimiento del 11% respecto al año anterior, y del total de internos, el 6,82% son mujeres”, informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, al presentar el informe de la gestión 2024.
Las cifras reflejan no solo una sobrepoblación crítica, sino también una justicia penal que, lejos de respetar el principio de presunción de inocencia, reproduce de facto un modelo de castigo anticipado.
El informe, elaborado tras 494 visitas a centros penitenciarios, centros de reintegración social, hospitales psiquiátricos y unidades militares, denuncia que la prisión preventiva se aplica de forma rutinaria, incluso a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
“En lugar de ser una medida excepcional, como exige el Código de Procedimiento Penal y los estándares internacionales, la detención preventiva se ha normalizado, afectando desproporcionadamente a las mujeres”, advirtió Callisaya.
En el caso de las mujeres privadas de libertad, el 62,4% se encuentra sin sentencia, una proporción incluso mayor que la de los hombres, que llega al 58,4%. Esta realidad impacta con mayor crudeza a mujeres responsables del cuidado de hijos menores o en contextos de pobreza, donde el encarcelamiento significa una ruptura definitiva de redes familiares y sociales.
El informe cita normas internacionales como las Reglas Nelson Mandela y las Reglas de Bangkok, que subrayan la necesidad de aplicar medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva, especialmente en casos que involucran mujeres en situación de vulnerabilidad.
Asimismo, recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el uso sistemático de la prisión preventiva como pena anticipada constituye una violación grave de los derechos humanos.
Además de exponer el deterioro estructural de las cárceles bolivianas y la sobrecarga del sistema judicial, el Informe 2024 del MNP incluye 15 recomendaciones dirigidas a diversas instituciones del Estado. Todas, según Callisaya, tienen carácter preventivo y están orientadas a “recuperar el respeto a la dignidad humana como eje del sistema de justicia”.
En un país donde la prisión preventiva se impone como respuesta predeterminada y las cárceles operan al doble de su capacidad, el desafío no solo es legal, sino moral y estructural. El hacinamiento, la inseguridad, la falta de atención médica y la ausencia de una sentencia justa siguen siendo parte de la cotidianidad de decenas de miles de bolivianos encerrados sin juicio.
