LA PAZ, 1 jul (El Libre Observador) — En un momento de fuerte tensión económica y en vísperas de un proceso electoral crucial, el Gobierno de Bolivia ha dado un paso este martes en el terreno agrícola con su anuncio del envío de un proyecto de ley para regular el uso responsable de la biotecnología. La iniciativa busca modernizar el modelo productivo del país y contrarrestar críticas crecientes al desempeño del Ejecutivo en materia de seguridad alimentaria y desarrollo rural.
El anuncio fue realizado por el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, quien defendió con entusiasmo los avances logrados en el campo gracias al uso de tecnologías aplicadas en laboratorio.
“Hemos logrado incrementos de hasta un 500% en la producción de cultivos como zanahoria, ajo o remolacha, utilizando plantas adaptadas al clima, resistentes a enfermedades y libres de plagas”, declaró en conferencia de prensa en La Paz.
Flores explicó que Bolivia ha desarrollado capacidades para producir, en diferentes pisos ecológicos, semillas certificadas de papa, plátano y piña, y que actualmente trabaja con cultivos andinos como la quinua, la cañahua o el tarhui. “Hoy no dependemos de alimentos importados en la canasta familiar”, afirmó el ministro, “y eso es fruto de nuestra apuesta por la producción y la industrialización con base científica”.
UNA LEY EN MEDIO DE POLARIZACIÓN Y DESCONFIANZA
La propuesta de ley llega en un momento políticamente delicado. Bolivia se encuentra inmersa en un clima de polarización, con el oficialismo enfrentado a un bloque opositor cada vez más articulado, y con sectores sociales —incluyendo movimientos indígenas— que se muestran divididos entre el respaldo crítico y el desencanto.
En este contexto, la palabra “biotecnología” no es neutra. Mientras el Gobierno de Luis Arce la plantea como una herramienta de soberanía y desarrollo rural, algunos sectores la vinculan a intereses corporativos o la asocian con los cultivos transgénicos, cuya introducción ha sido históricamente resistida en el país. Bolivia tiene actualmente un marco legal restrictivo en esta materia, y tres leyes vigentes prácticamente impiden el uso de organismos genéticamente modificados, incluso en situaciones donde podrían aportar soluciones a problemas de productividad o adaptación climática.
El ministro Flores insistió en que el nuevo marco normativo no buscará imponer una agenda cerrada, sino abrir un debate participativo, con el aporte de universidades, centros de investigación, organizaciones sociales y pequeños productores. “Se trata de una ley responsable, no manipulada políticamente”, afirmó.
EL CAMPO COMO MOTOR ECONÓMICO
El giro hacia la biotecnología también tiene un trasfondo económico urgente. Desde hace más de un año, Bolivia sufre una aguda escasez de divisas, que ha tensionado el sistema financiero, encarecido las importaciones y provocado desabastecimiento intermitente de combustibles. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el dólar paralelo —que en algunos casos supera los 15 bolivianos por dólar, frente a la tasa oficial de 6,96— ha creado un mercado especulativo y ha debilitado la capacidad adquisitiva de los hogares.
En este escenario, el Ejecutivo ve en el agro una vía para dinamizar la economía sin depender del acceso a créditos externos, cuya aprobación se ha visto bloqueada en la Asamblea Legislativa por las pugnas entre oficialismo y oposición. “El futuro está en el campo”, dijo el ministro Flores. “Si producimos e industrializamos, no dependemos de divisas externas”.
El agro, históricamente marginado de las prioridades fiscales, ha ganado protagonismo bajo el discurso de “industrialización con sustitución de importaciones” que el presidente Arce ha impulsado como eje de su gestión. Pero los resultados hasta ahora han sido mixtos: mientras el Ejecutivo exhibe cifras de crecimiento en algunos cultivos, los productores agroindustriales, especialmente del oriente boliviano, denuncian trabas burocráticas y falta de incentivos claros.
Durante el reciente Foro Agropecuario celebrado en Santa Cruz —la región más productiva del país— representantes del sector exigieron una hoja de ruta más clara y cuestionaron las restricciones tecnológicas que, a su juicio, impiden competir en mercados regionales.
UNA APUESTA DE ALTO RIESGO
La nueva ley sobre biotecnología será un campo de batalla político en los próximos meses. Para el Gobierno, representa una oportunidad para consolidar una narrativa de modernización del agro y autosuficiencia alimentaria. Para la oposición y ciertos sectores sociales, podría reabrir debates sensibles sobre el control del sistema alimentario y el papel del Estado frente a los intereses empresariales.
En un país donde el agro representa más del 13% del PIB y es vital para la economía informal y rural, lo que está en juego no es solo una política pública, sino el modelo de desarrollo que Bolivia quiere proyectar hacia su tercer siglo republicano.
