LA PAZ, 7 ene (El Libre Observador) – En un movimiento que ha generado controversia, la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) anunció este martes que cada unidad educativa particular en Bolivia negociará directamente con los padres de familia los ajustes en las pensiones escolares para la gestión 2025.
Esta decisión se produce en abierta oposición a la Resolución Ministerial 01-2025, que prohíbe cualquier incremento en las tarifas de colegios privados.
“Cada unidad educativa conoce su propia realidad y las condiciones socioeconómicas de su entorno. Por eso, hemos decidido apostar por acuerdos internos”, explicó Antonio Villena, asesor jurídico de Andecop, quien también adelantó que el gremio solicitará la revocatoria de la normativa.
La estrategia incluye esperar hasta mayo, cuando se anuncie el incremento salarial nacional de 2025, para evaluar posibles ajustes en las pensiones educativas.
Sin embargo, esta decisión ha levantado críticas debido a que la normativa prohíbe no solo los incrementos en las pensiones, sino también cualquier cobro adicional relacionado con matrículas, reserva de plaza, materiales educativos u otros conceptos.
El Ministerio de Educación, a través de su resolución, dejó en claro que estas disposiciones son de carácter obligatorio para todas las unidades educativas privadas del país. Sin embargo, Andecop sostiene que las realidades financieras de cada institución no pueden ser ignoradas y deben ser discutidas caso por caso con los padres de familia.
La situación refleja una creciente tensión entre el sector educativo privado y las autoridades gubernamentales, en un contexto económico en el que el aumento de costos operativos y salarios genera presión sobre las finanzas de las instituciones educativas.
Para los padres de familia, esta decisión representa un desafío adicional en un año marcado por dificultades económicas.
Si bien algunos podrían considerar justificados los ajustes en las pensiones, otros podrían interpretarlos como un incumplimiento de la normativa nacional, intensificando el debate sobre la regulación y la accesibilidad a la educación privada en Bolivia.
El Gobierno aún no ha emitido una respuesta oficial sobre las declaraciones de Andecop, pero se espera que el Ministerio de Educación refuerce su postura en defensa de la resolución, buscando proteger los derechos de los padres frente a posibles abusos económicos.
