LA PAZ, 15 sep (El Libre Observador) — En Bolivia, el termómetro de la crisis ya no se mide únicamente en las cifras macroeconómicas ni en los debates políticos, sino en las interminables filas de camiones que bloquean los accesos a las ciudades y estaciones de servicio. Según las cámaras empresariales, ocho de cada diez vehículos de transporte pesado están inmovilizados por la falta de diésel, un carburante vital para el comercio exterior y la producción interna.
La Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex) calcula que más de 11.000 camiones esperan durante días para abastecerse, con pérdidas superiores a dos millones de dólares diarios. “Estamos hablando de un daño directo a la economía nacional. Sin combustible no hay exportación, no hay importación, no hay cadena productiva que funcione”, advirtió Oswaldo Barriga, presidente de la entidad.
El dato no es menor: hasta julio las exportaciones cayeron en 500 millones de dólares respecto al mismo período de 2024. La escasez de diésel, señalan los empresarios, amenaza con profundizar el declive.
Un modelo bajo presión
El Gobierno de Luis Arce atribuye las dificultades a problemas de distribución y asegura que el suministro será normalizado, pero los transportistas apuntan a un desajuste estructural: la dependencia de importaciones de combustibles, en un país con producción de gas en declive y con reservas internacionales bajo presión.
La administración sostiene desde hace años una política de subsidios al diésel y la gasolina, lo que ha permitido contener los precios internos, pero a costa de un creciente déficit fiscal y de un gasto en divisas que tensiona la balanza externa. En ese contexto, las denuncias de desvío de carburantes hacia la minería ilegal y al contrabando en fronteras han encendido aún más la controversia.
“En Santa Cruz las tarjetas especiales permiten cargar miles de litros, mientras que a los camioneros apenas se les deja 500. Y mientras tanto, en el mercado negro, el litro se vende hasta a 10 bolivianos. Esto es insostenible”, denunció Héctor Mercado, presidente de la Cámara de Transporte Pesado.
El transporte pesado como termómetro
El transporte de carga es uno de los motores ocultos de la economía boliviana: mueve las exportaciones de soya, minerales y productos industriales, al tiempo que garantiza la llegada de insumos básicos desde los puertos. Cuando se detiene, se resiente toda la cadena.
“Si el transporte no funciona, se verán perjudicados productores, avicultores, comerciantes y consumidores. Todo empieza a subir porque ya no es solo falta de flujo, es falta de combustible”, explicó Mercado.
La crisis no se traduce solo en cifras, sino también en imágenes: cientos de camiones varados en carreteras, largas colas que bloquean avenidas y choferes que pasan días durmiendo en la cabina sin certeza de cuándo podrán avanzar. El escenario, además, multiplica riesgos: accidentes, congestión, robos y un clima de frustración creciente.
La política en la mira
Aunque los dirigentes del transporte aseguran que no recurrirán a bloqueos, uno de los métodos de presión más recurrentes en la política boliviana, sí lanzan un mensaje directo al Gobierno: “No podemos seguir en un país de cabeza, con un modelo económico que nos está llevando a la quiebra”, dijo Mercado.
El Ministerio de Hidrocarburos convocó a una reunión con transportistas y exportadores para intentar encauzar la crisis, en medio de advertencias de que la situación podría escalar si no se adoptan medidas inmediatas.
Una crisis que trasciende el surtidor
Lo que se juega en estas colas de diésel no es solo la logística de los exportadores, sino la viabilidad de un modelo económico que durante más de una década se sostuvo en la bonanza gasífera y que hoy enfrenta crecientes tensiones internas y externas.
En Bolivia, el diésel se ha convertido en un espejo: refleja tanto la urgencia del día a día como la fragilidad de un sistema que, si no encuentra salidas sostenibles, puede quedar atrapado en una larga fila de incertidumbre.
