LA PAZ, 12 sep (El Libre Observador) — La vida política y personal del presidente de Bolivia, Luis Arce, enfrenta un nuevo foco de controversia tras la denuncia de un periodista que ha demandado por 432.000 dólares a Brenda Lafuente, exdirectora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y señalada como expareja sentimental del mandatario, con quien se denunció tuvo un hijo.
El caso estalla en medio de la investigación judicial por paternidad que involucra a Arce y a Lafuente, quien lo acusa de haber abandonado a un hijo nacido en 2024. En este contexto, la prueba de ADN que debía practicarse este viernes en la ciudad central de Cochabamba fue suspendida sin fecha, aumentando la tensión alrededor del jefe de Estado.
El periodista demandante, Luis Muñoz, asegura haber sido encarcelado durante dos meses y sometido a detención domiciliaria por casi dos años, luego de compartir un meme en redes sociales en el que cuestionaba el nombramiento de Lafuente al mando de la AJAM, insinuando que se debía a “favores personales” y no a méritos profesionales.
Según su relato, la denuncia presentada por Lafuente derivó en un proceso judicial por difamación que finalmente fue desestimado, declarándolo inocente.
“Me destruyó la vida, me dejó sin trabajo, me persiguieron con abogados y me cerraron todas las puertas”, declaró a medios locales. Ahora exige una reparación económica por los daños que afirma haber sufrido.
El trasfondo personal se mezcla con la dimensión política. La demanda coincide con el proceso abierto contra Arce por presunta paternidad, un caso que ha generado un inusual nivel de exposición mediática para un mandatario que hasta ahora se había caracterizado por mantener un perfil sobrio y técnico.
El abogado de Lafuente, Patricio Vargas, explicó que la prueba genética fue suspendida porque, de acuerdo con los protocolos internacionales, debe realizarse de manera conjunta a madre, hijo y supuesto padre. “Se estaba pretendiendo tomar muestras solo a la madre y al menor. Tiene que ser un único procedimiento comparativo con los tres”, señaló.
La parte denunciante también exigió la presencia de un perito técnico independiente para verificar la cadena de custodia de las muestras. Mientras tanto, el tribunal aún no ha fijado nueva fecha para la diligencia.
Por su parte, el presidente Arce ha evitado referirse de manera detallada al asunto, limitándose a señalar que se enteró del proceso por los medios de comunicación y que asumirá su defensa con abogados particulares.
El escándalo, que entrelaza disputas personales, acusaciones de abuso de poder y demandas judiciales cruzadas, ocurre en un clima político ya marcado por la proximidad dl balotaje en Bolivia pactado para el 19 de octubre.
Con la prueba de ADN suspendida y una demanda millonaria en curso, la incertidumbre se cierne sobre la presidencia de Arce. Entre la presión mediática y la pugna judicial, el caso amenaza con convertirse en uno de los episodios más sensibles de su gestión, donde lo privado y lo público se entrelazan de manera explosiva.
