LA PAZ, 6 may (El Libre Observador) — Bolivia contuvo este miércoles una nueva escalada de conflictividad social tras un acuerdo de último momento entre el presidente Rodrigo Paz y la dirigencia de los choferes, un sector clave en la vida económica del país que había paralizado parcialmente las ciudades con bloqueos y advertía con radicalizar sus medidas.
El pacto, alcanzado en la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo, después de más de cuatro horas de negociaciones, desactiva por ahora un conflicto que se incubó en torno a la calidad del combustible, los retrasos en los mecanismos de compensación y el temor, aún difuso, pero políticamente sensible, a una eventual privatización de la petrolera estatal YPFB.
La escena final del encuentro tuvo un tono inusual con la incorporación del propio mandatario a la mesa en el tramo decisivo y ofreció disculpas a los transportistas, un gesto que, según fuentes del sector, ayudó a destrabar el diálogo en un momento en que las posiciones parecían endurecerse.
“Salimos más tranquilos”, resumió el dirigente Santos Escalante al anunciar la suspensión de las medidas de presión. El Gobierno, dijo, se comprometió a garantizar combustible de mejor calidad y a acelerar los trámites de resarcimiento económico, dos de las principales demandas del gremio.
El acuerdo fue refrendado con la firma de ambas partes, un detalle no menor en un país donde la desconfianza entre el Ejecutivo y los sectores movilizados suele traducirse en conflictos recurrentes. Los choferes advirtieron que, si los compromisos no se cumplen en los próximos días, retomarán las protestas.
La crisis había escalado rápidamente. El martes, los transportistas ejecutaron un paro de 24 horas con bloqueos en varias regiones, como parte de una estrategia gradual que contemplaba una huelga de 48 horas y, eventualmente, un paro indefinido. La medida impactó en el abastecimiento, la movilidad urbana y la actividad económica, en un contexto ya tensionado por problemas en la distribución de combustibles.
Más allá de la coyuntura, el conflicto revela una fisura persistente: la fragilidad del sistema energético y la creciente sensibilidad social frente a cualquier alteración en el suministro de gasolina, un insumo vital en un país altamente dependiente del transporte terrestre.
El Gobierno, por su parte, defendió el acuerdo como una salida negociada que permitirá restablecer la normalidad. El Ministerio de Obras Públicas informó que, además del abastecimiento, se trabajará en planes de mantenimiento de carreteras, una demanda estructural del sector.
Sin embargo, la tregua no disipa del todo las tensiones. El conflicto de los choferes se suma a una cadena de reclamos sectoriales que han puesto a prueba la capacidad de gestión del Ejecutivo en un escenario económico cada vez más exigente. En Bolivia, como tantas veces, la estabilidad parece depender menos de acuerdos duraderos que de equilibrios frágiles, siempre expuestos a romperse.
