LA PAZ, 6 may (El Libre Observador) — Bolivia vuelve a mirar hacia sus carreteras como termómetro de la crisis política y social. Esta vez, la advertencia llega desde el altiplano paceño. La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari anunció este miércoles un paro general indefinido con bloqueo de caminos y dejó claro que su objetivo ya no es únicamente reivindicativo sino “exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz”.
La decisión, según los dirigentes campesinos, fue tomada de manera “orgánica” junto a organizaciones matrices vinculadas al movimiento sindical e indígena, en un contexto de creciente tensión social marcado por protestas de trabajadores, conflictos por el combustible y reclamos salariales.
“No hay segundas alternativas para instalar mesas de diálogo”, afirmó el exejecutivo de la federación, David Mamani, al confirmar que las medidas se mantendrán “hasta que se vaya Rodrigo Paz”. La declaración eleva el tono de la confrontación política en un país donde los bloqueos históricamente han sido una de las herramientas de presión más efectivas de los movimientos sociales.
Los puntos de bloqueo anunciados abarcan varias provincias estratégicas del departamento de La Paz, entre ellas Aroma, Ingavi, Pacajes, Loayza y Murillo, además de rutas sensibles como la carretera hacia Copacabana. También se prevén cortes en regiones del norte paceño, lo que amenaza con afectar la conexión vial entre áreas rurales y la sede de gobierno.
El trasfondo del conflicto mezcla malestar económico, descontento político y ruptura de confianza con el Ejecutivo. Mamani acusó al Gobierno de no atender las demandas populares y criticó la falta de soluciones frente a la escasez y la calidad del combustible, además del rechazo campesino a la Ley 1720, que consideran perjudicial para el sector rural.
“Nos han engañado, nos han mentido”, sostuvo el dirigente, quien incluso calificó al Gobierno de “antipopular”, pese a que Rodrigo Paz fue elegido con más del 54 % de los votos. En el discurso de las organizaciones movilizadas aparece una narrativa cada vez más radicalizada, donde la legitimidad electoral pierde peso frente a la percepción de abandono económico y político.
La amenaza de los bloqueos llega en un momento particularmente delicado para el Ejecutivo. En apenas una semana, el Gobierno enfrentó protestas de choferes, movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y marchas de sectores indígenas llegados desde el oriente amazónico. Aunque el conflicto con los transportistas logró desactivarse mediante negociación, otros frentes permanecen abiertos y muestran señales de mayor endurecimiento.
La desconfianza también atraviesa al propio movimiento sindical y campesino. Mamani denunció presuntos intentos del Gobierno de “cooptar” dirigentes mediante prebendas y advirtió que quienes negocien sin autorización de las bases serán expulsados y sometidos a “veto sindical”.
La amenaza refleja una fractura profunda entre el Ejecutivo y parte de las organizaciones sociales que históricamente fueron pilares de la movilización popular en Bolivia. En el país de las grandes marchas y los bloqueos prolongados, el anuncio campesino revive un escenario conocido: carreteras cortadas, presión sobre el abastecimiento y una disputa política trasladada al territorio.
Por ahora, el Gobierno no respondió oficialmente al ultimátum. Pero en Bolivia, donde los conflictos suelen medirse por la capacidad de paralizar caminos, el anuncio de la Federación Túpac Katari abre un nuevo capítulo de incertidumbre en un momento de creciente desgaste político y social.
