LA PAZ, 16 ago (El Libre Observador) — En medio de un clima de creciente tensión económica, el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, Gustavo Torrico, lanzó este viernes una advertencia contundente: implementar un control de divisas en el país sería un “suicidio colectivo”.
Esta afirmación, realizada durante una conferencia de prensa en La Paz, refuerza la postura del gobierno en contra de una medida que ha sido objeto de controversia y que podría agravar la ya delicada situación económica.
El control de divisas, propuesto por el Gabinete Social, ha suscitado una ola de rechazo entre los sectores empresariales del país. Según Torrico, esta medida no solo profundizaría la escasez de dólares, sino que también podría desencadenar una crisis de mayor envergadura.
“Tienen razón los empresarios”, afirmó Torrico con firmeza, subrayando que la propuesta no tiene cabida en los planes del gobierno “bajo ningún punto de vista”.

El rechazo a esta iniciativa no es solo retórico. La noche anterior, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, había asegurado que el tema no fue tratado en la reunión con los empresarios, en el marco del Diálogo Nacional por la Economía y la Producción.
Esta postura gubernamental refleja una preocupación compartida por el sector privado, que ve en el control de divisas un potencial catalizador de problemas aún mayores, como la contracción de la inversión extranjera y el aumento de la incertidumbre financiera.
Los líderes empresariales han sido claros en su oposición, argumentando que un control estricto sobre las divisas provenientes de exportaciones podría resultar en un círculo vicioso de reducción de liquidez, inflación y debilitamiento de la moneda nacional.
La advertencia de Torrico viene a calmar, al menos parcialmente, los temores de un sector que ya ha declarado su “estado de alerta máxima” ante la posibilidad de medidas intervencionistas.
En un momento en que Bolivia enfrenta desafíos económicos significativos, el gobierno parece estar apostando por mantener un equilibrio delicado, evitando decisiones precipitadas que podrían poner en peligro la estabilidad financiera del país.
Las palabras de Torrico, calificando la medida como un “suicidio colectivo”, son un claro mensaje de que el gobierno no se dejará llevar por propuestas que, en lugar de solucionar, podrían profundizar la crisis. Este episodio subraya la necesidad de un diálogo más profundo y sincero entre el gobierno y el sector privado, en busca de soluciones que no solo sean efectivas en el corto plazo, sino que también aseguren la sostenibilidad económica de Bolivia a largo plazo.

