LA PAZ, 22 nov (El Libre Observador) – En un ambiente de efervescencia política, el presidente boliviano, Luis Arce, promulgó este miércoles la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2023.
Para Arce, esta medida legal es un claro indicador de que «la economía está en ascenso», un mensaje crucial respaldado por una serie de cifras y análisis de expertos.
El discurso del mandatario no careció de señalamientos. Arce acusó a legisladores opositores y los denominados “evistas” de obstaculizar la aprobación de la ley, destacando y agradeciendo la presión ejercida por alcaldes en favor de su aprobación.
Esta postura confrontativa resaltó tensiones políticas y divergencias entre distintos actores, generando un ambiente de confrontación en la arena legislativa.
La entrega simbólica de la ley al vicepresidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Pedro Dorado, estuvo acompañada de duras declaraciones que subrayaban la división en el país. Acusaciones de desestabilización y acercamientos políticos generaron un escenario de fricción y polarización.
Los números del presupuesto reformulado detallan asignaciones precisas: Bs 868 millones para gobiernos municipales, Bs 353 millones para universidades públicas y Bs 39 millones para gobernaciones, con un total de Bs 1.260 millones. El resto, Bs 4.161 millones, se destinan al Gobierno central y sus entidades dependientes.
Sin embargo, la polémica no se limita al contenido presupuestario. La retirada de dos disposiciones clave del proyecto original generó controversia. Estas se referían a la supervisión de grupos financieros y la transparencia en la lucha contra actividades ilícitas, retiradas ante la presión de legisladores que alegaron intromisión política y control sobre la sociedad civil y sectores económicos.
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