LA PAZ, 18 dic (El Libre Observador) — La mañana siguiente al anuncio del fin de la subvención a los combustibles, el Palacio Legislativo se convirtió en el epicentro de una reacción que fue mucho más que técnica. En Bolivia, el precio de la gasolina no se discute solo con cifras: se discute con memoria. Y esa memoria volvió a activarse cuando el vicepresidente Edmand Lara apareció junto a los jefes de bancada para anunciar que la Asamblea prepara un proyecto de ley destinado a abrogar el decreto presidencial que eliminó el subsidio a los carburantes.
El Decreto Supremo 5503, presentado por el Gobierno como el “Decreto por la Patria”, pretendía ordenar las cuentas públicas y corregir distorsiones económicas. Pero su impacto fue inmediato y simbólico. En cuestión de horas, las filas en las estaciones de servicio, el nerviosismo en los mercados y las discusiones en el transporte público evidenciaron que la medida había tocado una fibra sensible.
En el Legislativo, el rechazo se articuló con rapidez. Las bancadas de Libre, APB-Súmate y el Partido Demócrata Cristiano, con la ausencia de Unidad —aliada del presidente Rodrigo Paz—, acordaron avanzar en una vía legal para dejar sin efecto la norma. “No era el momento”, repitió Lara, al advertir que el ajuste puede traducirse en más pobreza, más desempleo y un encarecimiento directo de la canasta familiar.
El vicepresidente fue explícito: el rechazo es transversal. Diputados y senadores de distintas fuerzas coincidieron en que la eliminación del subsidio, de aplicarse, debía hacerse de manera gradual y consensuada. El proyecto de ley que preparan será breve, casi quirúrgico: un artículo único para abrogar el decreto. Un gesto político claro frente a un Ejecutivo que aún no cumple dos meses de gestión.
La senadora Claudia Mallón, de APB-Súmate, puso palabras al malestar social. Dijo que el decreto “está golpeando a las familias más empobrecidas”, incluso si incluye aumentos en bonos sociales. Para ella, el problema no es solo el qué, sino el cómo y el cuándo. “Estamos trabajando para abrogar este decretazo”, afirmó, mientras el Parlamento comenzaba a moverse al ritmo de la calle.
La diputada Lissa Claros confirmó que la bancada de Libre respaldará la iniciativa. La señal fue inequívoca: el Ejecutivo ya no enfrenta solo protestas sociales, sino una resistencia institucional que amenaza con bloquear su principal apuesta económica.
Fuera del hemiciclo, el país daba señales de tensión. Las estaciones de servicio seguían recibiendo largas filas, algunos comercios optaban por cerrar de forma preventiva y los transportistas recalculaban tarifas en medio de discusiones con los usuarios. Las redes sociales amplificaban escenas de enfrentamientos verbales y advertencias de bloqueos.
El descontento se extendió a organizaciones vecinales, gremiales, campesinas y sindicales. Dirigentes del transporte, mineros y la Central Obrera Boliviana convocaron reuniones de emergencia y advirtieron que las medidas de presión podrían escalar en los próximos días. Un encuentro nacional de choferes, previsto para el fin de semana, podría marcar el inicio de bloqueos y marchas a escala nacional.
Bolivia ya ha transitado este camino. En 2010, un ajuste similar terminó en una retirada forzada del Gobierno de Evo Morales. Quince años después, el escenario es distinto, pero el umbral político sigue siendo el mismo: cuando el combustible sube, la estabilidad tiembla.
Para Rodrigo Paz, el desafío es doble. Debe sostener un discurso de orden económico mientras enfrenta una presión social creciente y un Parlamento dispuesto a frenar su decreto. El pulso apenas comienza, pero el mensaje es claro: en Bolivia, el precio de la gasolina nunca es solo un precio.
