LA PAZ, 18 dic (El Libre Observador) – Bolivia vivió este jueves una de las jornadas de mayor tensión social desde el inicio del Gobierno de Rodrigo Paz Pereira. La decisión del Ejecutivo de eliminar la subvención a los combustibles desató un rechazo que amenaza con extenderse a lo largo y ancho del país, sumando a trabajadores, gremios, transportistas, mineros y organizaciones vecinales en demanda de reversión de la medida.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5503, incluido en el paquete de normas conocido como el “Decreto por la Patria”, anunciado la noche del miércoles.
La normativa establece un incremento en los precios de la gasolina y el diésel, en lo que el Gobierno describe como un esfuerzo por ordenar las finanzas públicas y garantizar la sostenibilidad económica del Estado. Sin embargo, el impacto inmediato fue contundente: largas filas en estaciones de servicio, cierre preventivo de comercios, especulación en mercados y nerviosismo en el transporte urbano.
En el corazón de La Paz, imágenes difundidas en redes sociales y medios televisivos mostraron enfrentamientos verbales entre transportistas y usuarios, frustrados por la falta de información y la incertidumbre sobre la evolución de los precios.
La tensión en las calles refleja un país que históricamente ha reaccionado con fuerza ante cualquier intento de modificar los subsidios a los carburantes, considerados un alivio económico crucial para la población más vulnerable.
El rechazo social no tardó en consolidarse en un frente organizado. Organizaciones de choferes, gremiales, mineros, campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB) convocaron conferencias de prensa y reuniones de emergencia para coordinar acciones.
Según Mario Argollo, ejecutivo de la COB desde Oruro, la norma constituye un “decreto de hambre” que amenaza la estabilidad económica de las familias bolivianas. “Ha sido un día negro. Sentimos un profundo dolor por nuestro pueblo boliviano. Antes pidió el voto del pueblo y ahora lo está traicionando. Ha actuado de manera cobarde”, denunció.
El sector transporte pesado elevó el tono de la confrontación. Pedro Quispe, dirigente del sector, aseguró que de no revertirse la medida se declarará un paro nacional indefinido: “A partir del lunes vamos a declarar paro a nivel nacional hasta que se derogue el decreto”, afirmó. Paralelamente, el sector minero, con Andrés Paye al frente, calificó la decisión de “gran error” y anunció acciones de hecho que podrían incluir movilizaciones y bloqueos de rutas estratégicas.
En el ámbito político, la reacción también fue inmediata. Bancadas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, incluyendo Libre, APB-Súmate y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), sostuvieron un encuentro con el vicepresidente Edmand Lara, tras el cual anunciaron su rechazo categórico al Decreto Supremo 5503.
Lara enfatizó que la medida “no era el momento de establecer este tipo de medidas que lo único que van a causar es más pobreza, más desempleo y la subida de los precios de la canasta familiar, afectando sobre todo a los sectores más humildes y a quienes viven del día a día”.
La senadora Claudia Mallón (APB-Súmate) señaló que, aunque el decreto contempla incrementos en bonos como Juancito Pinto y Dignidad, “está golpeando a las familias más empobrecidas y a los sectores más humildes, que son los que realmente necesitan apoyo”.
La diputada Lissa Claros, de Libre, confirmó que su bancada respaldará la iniciativa legislativa para abrogar el decreto: “Vamos a apoyar el proyecto de ley cuyo objetivo es derogar las disposiciones del Decreto Supremo 5503 aprobado por el presidente Rodrigo Paz”.
El escenario recuerda las protestas de 2010, cuando la administración de Evo Morales intentó eliminar subsidios similares y se vio obligada a dar marcha atrás ante una movilización nacional masiva que paralizó carreteras, ciudades y mercados.
Analistas políticos consultados coinciden en que la medida del Gobierno actual, adoptada a poco más de un mes de asumir el poder, representa un riesgo significativo para la estabilidad social y económica del país, poniendo a prueba la capacidad de gestión y negociación de Paz Pereira.
Impacto económico inmediato
El aumento de los precios de los combustibles tendrá un efecto multiplicador en el costo de vida. Comercios y mercados locales ya reportan un incremento en los precios de productos básicos, mientras transportistas calculan un aumento en el pasaje urbano y rural que podría afectar a millones de personas que dependen del transporte público.
Sectores como el transporte pesado y la minería advierten que la medida podría traducirse en una paralización parcial de servicios estratégicos, con un impacto directo en la producción y distribución de bienes esenciales.
Economistas bolivianos sostienen que, si bien la eliminación de subsidios puede ser técnicamente necesaria para estabilizar las finanzas públicas y reducir el déficit fiscal, su implementación sin consensos ni compensaciones efectivas genera descontento social y riesgos de conflictividad.
El paquete de medidas, según fuentes gubernamentales, incluye bonos incrementados y otros programas de asistencia social, pero estos beneficios todavía no convencen a los sectores más afectados por la medida.
Reacciones ciudadanas y vecinales
El malestar no se limitó a sindicatos o gremios. Vecinos y juntas vecinales en varias ciudades del país anunciaron bloqueos y manifestaciones en señal de rechazo. En Santa Cruz, imágenes de televisión mostraron discusiones en estaciones de servicio y un aumento en la demanda de combustible, con conductores llenando tanques ante la expectativa de incrementos adicionales.
Las redes sociales se llenaron de mensajes de indignación y convocatorias a marchas, reflejando un país que combina protesta digital y movilización física como forma de presión política.
El desafío del Gobierno
La administración de Paz Pereira enfrenta ahora su primera gran prueba política. Con un Parlamento dividido, un frente social movilizado y una historia reciente de conflictividad por el precio de los carburantes, el Ejecutivo debe equilibrar la necesidad de ajuste fiscal con la gestión de la crisis social.
Expertos consultados señalan que la rapidez de la implementación, sumada a la falta de comunicación efectiva con los sectores más vulnerables, ha exacerbado la tensión y generado una percepción de improvisación.
El vicepresidente Lara sostuvo que “la política económica debe ser progresiva y cuidadosa, sobre todo cuando se trata de decisiones que afectan directamente al bolsillo de quienes viven día a día”. Desde la oposición, la presión apunta a convertir la iniciativa en un debate legislativo, mientras en las calles la COB y otros gremios preparan movilizaciones masivas para las próximas jornadas.
Con un frente social movilizado, un Parlamento en confrontación abierta y un clima de creciente incertidumbre, el ajuste a los combustibles se ha convertido en el primer gran desafío del Gobierno de Rodrigo Paz Pereira.
La medida, pensada como un ajuste económico necesario, ha desatado un efecto contrario al esperado: unidad de oposición, movilización sindical y vecinal, y la amenaza de bloqueos y paros nacionales. Bolivia enfrenta ahora un escenario de alta tensión política y social, con el riesgo de que el “gasolinazo” se transforme en un detonante de mayor conflictividad, en un país donde el precio de los combustibles sigue siendo un factor crítico de estabilidad social.
