LA PAZ, 1 jun (El Libre Observador) -– El Gobierno de Bolivia calificó este lunes como «decisiva» la semana que comienza para intentar encontrar una salida a la crisis social y política que mantiene bloqueadas carreteras en gran parte del país desde hace más de un mes, mientras crecen las dificultades de abastecimiento y se profundiza la presión sobre una economía ya debilitada.
Con más de 90 puntos de bloqueo distribuidos en siete de los nueve departamentos bolivianos, las autoridades intensificaron los llamados a la negociación y apelaron a la «madurez democrática» de los sectores movilizados para evitar una mayor escalada del conflicto.
El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, afirmó que el país ha llegado a un punto límite y sostuvo que las próximas jornadas serán determinantes para definir si Bolivia logra encaminarse hacia una solución negociada o profundiza una confrontación que ya cumple 32 días.
«Creo que la situación ya no se aguanta», declaró la autoridad al insistir en que la negativa a participar en una mesa de diálogo contradice el deseo de la mayoría de los bolivianos de recuperar la normalidad.
La crisis, que comenzó el pasado 1 de mayo con demandas salariales y reclamos sectoriales, evolucionó rápidamente hacia una confrontación política de mayor escala. Actualmente, la principal organización de protesta, la Central Obrera Boliviana (COB), exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz y ha descartado por el momento cualquier negociación directa con el Ejecutivo.
Mientras las posiciones permanecen enfrentadas, el impacto de las movilizaciones se extiende por todo el territorio nacional. Según datos de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Cochabamba se ha convertido en el principal epicentro de los bloqueos con 32 puntos de interrupción, seguida por La Paz con 19. También se registran cortes en Potosí, Oruro, Chuquisaca y Santa Cruz.
La paralización de rutas estratégicas ha provocado dificultades en el transporte de alimentos, combustibles y mercancías, afectando especialmente a ciudades del occidente del país. En varias regiones se reportan problemas de abastecimiento y un incremento de precios en productos básicos, mientras sectores empresariales advierten sobre pérdidas económicas crecientes.
Frente a este escenario, el Gobierno sostiene que mantiene contactos con organizaciones sociales de base para intentar construir puentes que permitan una negociación. Zamora aseguró que distintas instituciones estatales trabajan en acercamientos con dirigentes y comunidades movilizadas, en busca de acuerdos que faciliten la pacificación.
La autoridad también atribuyó parte de la radicalización del conflicto a la circulación de información falsa en redes sociales, fenómeno que, según dijo, dificulta los esfuerzos para alcanzar consensos. Por ello, pidió a los medios de comunicación actuar con responsabilidad y contribuir a reducir la polarización.
En paralelo, el presidente Rodrigo Paz volvió a situar el diálogo como la única salida viable a la crisis. Durante un acto en Cochabamba, el mandatario llamó a generar una «tregua» nacional y advirtió sobre los riesgos de permitir que la confrontación derive en episodios de violencia.
«Esa madurez democrática nos tiene que ayudar a generar un momento de tregua, de pacificar el país», afirmó el jefe de Estado, quien sostuvo que existen reclamos legítimos que deben ser atendidos, pero rechazó las acciones que buscan profundizar el enfrentamiento político.
Paz expresó además su confianza en que el departamento de La Paz, uno de los más afectados por las protestas, pueda comenzar a superar el actual escenario de conflictividad en los próximos días mediante acuerdos amplios y mecanismos de reconciliación.
Las declaraciones del mandatario se producen en un momento especialmente delicado para Bolivia. La prolongación de los bloqueos coincide con señales de desaceleración económica, dificultades en el suministro de combustibles y crecientes demandas sociales, configurando uno de los mayores desafíos para el Gobierno desde el inicio de su gestión.
A un mes del estallido de las protestas, el país enfrenta una encrucijada marcada por carreteras cerradas, ciudades parcialmente aisladas y posiciones cada vez más endurecidas. En ese contexto, la semana que comienza aparece como una prueba crucial para determinar si Bolivia logra reconstruir espacios de entendimiento o se adentra en una fase aún más compleja de la crisis.
