LA PAZ, 29 dic (El Libre Observador) — La protesta sindical en Bolivia ha dejado de ser una marcha más en el calendario de conflictos sociales para convertirse en un pulso político abierto. En el inicio de su segunda semana de movilizaciones, la Central Obrera Boliviana (COB) elevó este lunes la presión contra el Gobierno con la instalación de piquetes de huelga de hambre y una nueva demostración de fuerza en el centro del poder político de La Paz, en rechazo al Decreto Supremo 5503, que ajustó el precio de los carburantes.
Desde primeras horas de la mañana, columnas de trabajadores fabriles, mineros asalariados, maestros y otros sectores afiliados a la principal central sindical del país avanzaron por las arterias del casco urbano hasta rodear simbólicamente la Asamblea Legislativa y el Palacio de Gobierno. La plaza Murillo, corazón político del país, permaneció cerrada bajo resguardo policial, una postal ya habitual en los momentos de mayor tensión social.
Las marchas se replicaron, con menor convocatoria, en ciudades clave como Santa Cruz y Cochabamba. Aunque el epicentro del conflicto sigue siendo La Paz, el llamado de la COB a un paro indefinido y a la movilización permanente busca extender el conflicto a escala nacional y desgastar al Ejecutivo en un contexto económico ya marcado por la escasez de divisas y el debate sobre el modelo de subvenciones.
En medio del ruido de petardos y consignas, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, optó por un discurso que combinó apelaciones a la unidad nacional con una crítica frontal al relato oficial sobre los subsidios. “Tenemos que estar reconciliados porque todos somos bolivianos, los de arriba y los de abajo. Ese discurso de la subvención, esa cortina de humo, ya se está acabando”, afirmó ante una multitud que respondía con silbidos y aplausos.
El lenguaje sindical se endureció a medida que avanzaba la jornada. Otro dirigente de la central obrera advirtió que la protesta no se levantará sin una victoria concreta. “Estaremos en las calles hasta que se abrogue este decreto hambreador. Es anticonstitucional: se libera de impuestos a los millonarios, pero se castiga al pueblo”, sostuvo, elevando el tono de una narrativa que conecta el ajuste de los combustibles con una sensación de injusticia social.
La decisión de activar piquetes de huelga de hambre marcó un punto de inflexión en la protesta. Al menos tres fueron instalados este lunes: uno en la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), otro en las oficinas de la COB y un tercero en instalaciones del magisterio, tras una marcha por el centro paceño. Se trata de una medida extrema que, en la memoria política boliviana, suele anticipar conflictos prolongados.
Argollo justificó la radicalización de la protesta por la falta de respuesta directa del presidente Rodrigo Paz a la demanda sindical. “Ya hemos pasado la Navidad fuera de casa y, si tenemos que pasar el Año Nuevo en la calle, lo vamos a hacer para proteger a nuestro país, que se está vendiendo con este decreto”, declaró, en una frase que mezcla sacrificio personal y denuncia política.
Más allá del rechazo puntual al Decreto 5503, la dirigencia de la COB intenta instalar un debate de fondo sobre el rumbo económico del país. Argollo sostuvo que Bolivia necesita “un nuevo modelo económico”, pero advirtió que cualquier cambio debe construirse mediante consensos amplios y no mediante decretos que calificó de “atentatorios”. A la huelga de hambre se sumaron sectores del magisterio, trabajadores fabriles y el Comité Nacional de Amas de Casa Mineras, ampliando la base social de la medida.
Desde el Gobierno, la respuesta se ha mantenido en una línea conocida: rechazo a las movilizaciones y llamado al diálogo. Las autoridades insistieron en que las observaciones al decreto deben canalizarse a través de mesas técnicas, una propuesta que hasta ahora no ha logrado frenar la escalada sindical ni disipar el malestar en las calles.
Mientras se acercan las fiestas de fin de año, La Paz vuelve a convivir con marchas, vigilias y huelgas de hambre. La pregunta que recorre el centro político del país no es solo cuánto durará la protesta, sino hasta dónde está dispuesto a llegar cada bando en un conflicto que ya trasciende el precio de los combustibles y pone en juego la legitimidad de las decisiones económicas del Gobierno.
