LA PAZ, 16 sep (El Libre Observador) – En un contexto de creciente tensión política y social, la Procuraduría General del Estado de Bolivia reafirmó este lunes que los bloqueos de caminos constituyen un atentado directo contra los derechos constitucionales de la población.
La institución recordó que está vigente la Resolución Constitucional 040/2024, emitida por la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que concluyó que estas medidas de protesta no sólo vulneran el derecho al libre tránsito, sino que ponen en riesgo la vida, la salud y el acceso a alimentos y medicamentos.
En consecuencia, la Procuraduría boliviana manifestó que este fallo, con carácter vinculante, establece que el Estado tiene la obligación de intervenir para restablecer el orden y garantizar que los derechos fundamentales de los bolivianos no sean violados por protestas desmedidas.
En su comunicado difundido a los medios de prensa, esta entidad estatal subrayó que el bloqueo de caminos representa un mecanismo de protesta “grave, irracional y extremo”, que afecta directamente el bienestar común y, por lo tanto, exige la actuación inmediata de las autoridades pertinentes.
La situación se agrava en medio de la convocatoria del expresidente Evo Morales (2006-2019), quien ha llamado a una marcha desde Caracollo en el departamento de Oruro (oeste) hasta la ciudad de La Paz el martes 17 de septiembre, en lo que ha descrito como una defensa del Movimiento al Socialismo (MAS) y una exigencia para ser habilitado nuevamente como candidato presidencial de cara a las elecciones de 2025. Tras esta marcha se prevé el bloqueo de caminos a nivel nacional.
Al mismo tiempo, sectores campesinos del departamento de La Paz (oeste) afines a Morales, encabezados por David Mamani, han iniciado este lunes bloqueos en diferentes municipios del altiplano paceño, exigiendo la renuncia del actual presidente Luis Arce y su vicepresidente David Choquehuanca.
El gobierno, a través del viceministro de Autonomía, Álvaro Ruiz, manifestó este lunes que el impacto económico de estas movilizaciones podría ser devastador.
“Los bloqueos y movilizaciones convocados por el expresidente Evo Morales y sus afines, por hacerse de una candidatura presidencial y en sinergia con el exdirigente David Mamani, apuntan a dar un golpe de Estado al gobierno nacional”, advirtió.
Denunció que Evo Morales y sus afines buscan que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, afín al expresidente asuma la Presidencia para que se lo habilite como candidato a las elecciones de 2025.
La Procuraduría enfatizó que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución, pero subrayó que debe ejercerse de manera pacífica, sin afectar los derechos de terceros.
