COBIJA, 19 mar (El libre Observador) — La muerte del conscripto Reynaldo Javier Charca en el departamento amazónico de Pando ha desatado este jueves una investigación fiscal marcada por versiones contrapuestas, dudas forenses y crecientes reclamos de la familia, en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio las condiciones del servicio militar en Bolivia.
El Ministerio Público confirmó la apertura de pesquisas para esclarecer las circunstancias del fallecimiento del joven dragoneante, quien cumplía funciones en un puesto adelantado del Regimiento de Infantería 35 “Bruno Racua”, en una zona fronteriza de difícil acceso.
El fiscal departamental Freddy Durán informó que se emitirán citaciones a testigos y requerimientos de información para reconstruir los hechos con base en pruebas técnicas.
El cuerpo del conscripto ingresó el pasado 10 de marzo a la morgue del hospital Roberto Galindo, en la ciudad de Cobija, luego de haber sido atendido inicialmente en el Instituto Médico Legal de Río Branco, dada la proximidad geográfica con Brasil.
El informe forense preliminar señala la presencia de cortes y suturas en la región craneal, el tórax y el abdomen, lesiones que, según las autoridades, corresponden a procedimientos de autopsia.
Sin embargo, la narrativa oficial ha sido cuestionada por la familia del joven, que denuncia un presunto asesinato. Los allegados sostienen que el cuerpo fue entregado sin algunos órganos y sin un informe claro que explique las causas de la muerte, lo que ha alimentado sospechas de encubrimiento. También aseguran que el conscripto no padecía enfermedades, sabía nadar y había manifestado previamente conflictos al interior del cuartel.
En contraste, el Ejército boliviano sostiene que el deceso se produjo en circunstancias accidentales. En un comunicado, la institución castrense indicó que el soldado realizaba labores de aseo en inmediaciones del río Rapirrán cuando habría sido arrastrado por la corriente, falleciendo por asfixia por inmersión. Esta hipótesis es parcialmente respaldada por reportes policiales que dan cuenta de gritos de auxilio antes de su desaparición en el agua.
La divergencia de versiones ha colocado a la investigación en un punto crítico. El Ministerio Público aseguró que actuará bajo el principio de objetividad para determinar si se trató de un hecho fortuito o si existen responsabilidades penales, en un proceso que incluirá peritajes, testimonios y la revisión de protocolos militares.
Mientras tanto, el caso ha generado conmoción en la región amazónica y ha reactivado cuestionamientos sobre la transparencia y el control en unidades militares alejadas. La familia del conscripto, respaldada por sectores civiles, exige una investigación independiente y el esclarecimiento total de lo ocurrido, en medio de un clima de desconfianza que trasciende el ámbito local.
