SANTA CRUZ, 23 feb (El Libre Observador) — La investigación por la muerte de Yuvinca, la niña de ocho años hallada sin vida en el municipio cruceño de La Guardia, dio un giro decisivo este lunes con la presentación pública de su tío como presunto autor de infanticidio y violación, tras la confirmación de pruebas científicas que lo vinculan directamente con el crimen.
El sospechoso fue aprehendido el viernes y el fin de semana compareció ante un juez cautelar, que dispuso su detención preventiva sin plazo mientras avanza el proceso judicial. La Fiscalía informó que un estudio de ADN confirmó su responsabilidad en el hecho que estremeció a la región oriental de Bolivia a inicios de enero.
Las autoridades explicaron que se tomaron muestras genéticas a cinco personas inicialmente bajo sospecha. El resultado, según la Policía, permitió identificar de manera concluyente al ahora imputado.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Coca, detalló que el acusado incluso participó en las tareas de búsqueda de la menor tras su desaparición, presuntamente con el objetivo de desviar la investigación.
Yuvinca fue reportada como desaparecida el 6 de enero, luego de que su familia indicara que la vieron por última vez alrededor de las 8:30 de la mañana en inmediaciones de su vivienda, en el municipio de La Guardia, departamento de Santa Cruz. Días después, su cuerpo fue encontrado cerca del domicilio familiar.
La autopsia determinó que la niña fue víctima de abuso sexual y murió por estrangulamiento con un cinturón, según confirmaron fuentes oficiales en su momento. El caso generó una ola de indignación en Santa Cruz y reavivó el debate sobre la violencia contra la niñez en el país.
En paralelo, la justicia dictó nuevas medidas cautelares contra Alex Mamani, cuñado de la víctima, quien inicialmente había sido señalado como principal sospechoso. Con la incorporación de los nuevos elementos periciales, la investigación reconfiguró el mapa de responsabilidades.
El Ministerio Público anunció que continuará recabando pruebas complementarias para sustentar la acusación formal. Mientras tanto, la detención preventiva del tío de la menor marca un punto de inflexión en un caso que puso bajo escrutinio la actuación de las autoridades y expuso la vulnerabilidad de la infancia frente a delitos de extrema gravedad.
En Bolivia, el delito de infanticidio contempla penas severas que pueden alcanzar hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto, la máxima sanción prevista en el ordenamiento jurídico del país.
