LA PAZ, 1 oct (El Libre Observador) – En una medida que marca un hito en el sistema de seguridad social de Bolivia, el presidente Luis Arce promulgó este martes la ley que incrementa la Pensión Solidaria de Vejez para miles de jubilados, con aumentos de hasta Bs 1.000, dependiendo de los años de aporte.
La nueva normativa beneficia directamente a más de 152.000 personas que dedicaron entre 10 y 35 años de sus vidas al trabajo formal.
Durante la ceremonia en la Casa Grande del Pueblo, Arce subrayó el carácter solidario de la ley, la cual busca redistribuir los ingresos y mejorar las condiciones de vida de aquellos jubilados con menores recursos.
La ley incrementa los límites mínimos y máximos de la Pensión Solidaria de Vejez, elevando los montos de Bs 640 a Bs 720 para quienes aportaron 10 años, y de Bs 4.200 a Bs 5.200 para quienes contribuyeron durante 35 años. Este ajuste supone un aumento de entre Bs 80 y Bs 1.000 en las pensiones, dependiendo del tiempo de cotización.
El financiamiento de este incremento provendrá de un ajuste en el aporte solidario patronal, que pasa de 3% a 3,5% para la mayoría de los empleadores, y de 2% a 2,3% en el caso de las empresas mineras. Además, los trabajadores que perciben sueldos superiores a Bs 13.000 verán incrementado su aporte de 1% a 1,15%, mientras que aquellos que ganan más de Bs 35.000 contribuirán con un 11,48%, en lugar del 10% anterior.
El presidente destacó que estos ajustes no solo permiten sostener el aumento en las pensiones, sino que también fortalecen el Fondo Solidario, garantizando su viabilidad a largo plazo. «Estamos incrementando la renta en Bs 1.000, lo cual es posible gracias a la solidez de nuestro sistema económico y a los aportes de empleadores y trabajadores», explicó Arce.
IMPACTO PARA LOS JUBILADOS Y LA ECONOMÍA
Con más de 152.000 jubilados en el sistema de pensiones, el impacto de esta ley será significativo. Los incrementos en las pensiones no solo mejorarán el bienestar económico de miles de familias, sino que también impulsarán el consumo interno, un factor clave en el crecimiento económico del país.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, calificó la ley como un avance en la seguridad económica de los trabajadores jubilados y recordó que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) tiene 60 días para reglamentar los detalles de su implementación.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, elogió la ley y aseguró que la entidad sindical ha cumplido con los jubilados al apoyar su aprobación. Además, anunció que solicitarán un nuevo estudio matemático actuarial con la Gestora Pública para evaluar el estado del sistema de pensiones, ahora en manos del Estado.
Aunque la ley fue aprobada tras un acuerdo político en la Cámara de Senadores, algunos sectores laborales mostraron resistencia ante ciertas disposiciones, como la propuesta inicial de realizar evaluaciones médicas a los 65 años para determinar la aptitud laboral de los trabajadores. Esta cláusula, que fue vista como una forma de «jubilación forzosa», fue eliminada luego de protestas por parte de sindicatos médicos y docentes.
La promulgación de esta ley marca un avance en la protección social de Bolivia, reafirmando el compromiso del gobierno de Arce con la justicia social y la mejora en la calidad de vida de los sectores más vulnerables del país.
