LA PAZ, 1 nov (El Libre Observador) – En un encendido comunicado a la nación y ante la comunidad internacional, el presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció este viernes la toma violenta de tres unidades militares en el Trópico de Cochabamba, supuestamente por grupos armados afines al expresidente Evo Morales.
Arce no solo catalogó el acto como una “traición a la patria”, sino que enfatizó el peligro que representa para la seguridad nacional y la estabilidad de su gobierno.
Arce relató que los atacantes tomaron como rehenes a militares y sus familias, quienes permanecían en sus instalaciones sin participar en operativos represivos. “Los soldados secuestrados pertenecen al pueblo boliviano, son de origen popular e indígena, al igual que los policías que han enfrentado ataques letales”, señaló Arce, en un mensaje cargado de indignación y preocupación.
La grave denuncia del presidente pone en evidencia la escalada de conflicto en Bolivia, en la cual se acusa a las fuerzas leales a Morales de una ofensiva cada vez más desafiante contra las instituciones del Estado. El presidente denunció también la apropiación de armas militares en estos ataques, afirmando que estas acciones desvirtúan cualquier reivindicación social o política de los movimientos indígenas y campesinos al caer en actos de violencia y secuestro.
En un tono firme, Arce alertó sobre la intención de estos grupos de desestabilizar su mandato constitucional, que busca la paz y el progreso económico en el país. “La toma de una instalación militar por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un acto de traición, una afrenta directa a la Constitución y a las Fuerzas Armadas”, declaró. Según el mandatario, estos actos son parte de una estrategia para acortar su mandato, imponer una candidatura inconstitucional y obtener inmunidad en los procesos judiciales abiertos contra el expresidente Morales.
Paralelamente, el gobierno ha desplegado un operativo de desbloqueo en las carreteras estratégicas de Bolivia, especialmente en la región de Cochabamba, afectada por un bloqueo indefinido desde el 14 de octubre. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reafirmó la determinación del ejecutivo de no permitir “que grupos irregulares tomen el país”, y afirmó que la Policía está comprometida en restaurar el orden y el libre tránsito.
Los operativos han avanzado en las últimas horas, con éxito en el desbloqueo de la vía que conecta Cochabamba con el occidente boliviano, una arteria vital para el transporte de alimentos, combustibles y medicamentos.
El panorama sigue siendo tenso, con organizaciones leales a Morales presionando por el cese de procesos judiciales en su contra. Arce y su gobierno, sin embargo, han reiterado su compromiso de actuar en defensa de la paz y los derechos de los bolivianos, reafirmando su disposición de acudir a la comunidad internacional en defensa de la soberanía del Estado.
La toma de estos cuarteles y la consiguiente denuncia de traición a la patria marca un nuevo punto álgido en el conflicto interno en Bolivia, poniendo en riesgo la economía nacional y la estabilidad política del país en medio de un clima de polarización que parece no ceder.
