LA PAZ, 8 jun (El Libre Observador) — Después de 39 días de carreteras bloqueadas, enfrentamientos, escasez de combustibles y alimentos, además, de una creciente sensación de desgaste nacional, Bolivia parece haber cruzado un nuevo umbral en una crisis que ya dejó de ser únicamente política o social para convertirse en una disputa abierta sobre el control del Estado y el rumbo del país.
El presidente Rodrigo Paz promulgó este lunes una ley de excepción que otorga respaldo legal a las acciones que el Gobierno pretende desplegar para restablecer la circulación de personas y mercancías, garantizar el abastecimiento y contener los episodios de violencia registrados en distintos puntos del territorio nacional. Ahora falta el decreto de la declaratoria de estado de excepción y luego en el plazo de las 72 horas la Asamblea legislativa debe refrendarla.
Pero más allá del contenido jurídico de la norma, fue el lenguaje empleado por el mandatario lo que marcó un punto de inflexión.
Paz describió la situación que enfrenta Bolivia como una amenaza impulsada por el “narcoterrorismo”, un concepto que utilizó repetidamente para referirse a grupos que, según su Gobierno, han infiltrado movilizaciones sociales y coordinan acciones violentas contra instituciones estatales.
“Esta es una ley para proteger a los bolivianos”, afirmó durante el acto de promulgación. “Es una ley para cumplir lo que manda la Constitución, el Vivir Bien y no la confrontación”.
La paradoja de la jornada fue evidente. Mientras reivindicaba el diálogo como la herramienta histórica que permitió a Bolivia superar sus conflictos más profundos, Paz anunciaba simultáneamente una etapa de mayor firmeza estatal.
“El diálogo siempre”, insistió. “Pero a los violentos y a los narcoterroristas les digo que sus días están contados”.
La crisis actual comenzó con demandas económicas y sectoriales impulsadas por organizaciones campesinas, mineras, sindicales y sociales que denunciaban el deterioro de las condiciones de vida y cuestionaban algunas políticas gubernamentales. Con el paso de las semanas, las movilizaciones adquirieron un carácter más político y derivaron en pedidos de renuncia presidencial.
La Paz, El Alto, Cochabamba y varias regiones del altiplano se convirtieron en escenarios de bloqueos recurrentes, enfrentamientos y una creciente polarización.
El Gobierno sostiene que detrás de una parte de estas protestas operan grupos vinculados al narcotráfico y a estructuras criminales que buscan debilitar a las instituciones democráticas.
Para sus críticos, sin embargo, la narrativa oficial corre el riesgo de simplificar una crisis mucho más compleja, nacida de problemas económicos acumulados, tensiones regionales y descontento social.
La nueva ley llega precisamente en ese delicado punto de encuentro entre seguridad y política.
El Ejecutivo argumenta que el Estado tiene la obligación de garantizar derechos básicos como la libre circulación, el acceso a alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente después de semanas en las que varias ciudades experimentaron dificultades de abastecimiento.
Paz utilizó una comparación que resume la lógica de su Gobierno. “Si alguien entra a tu casa, si alguien viola a tu hija o te roba, el Estado tiene que protegerte”, dijo. “Y cuando existen grupos que intentan matar bolivianos, también tenemos la obligación de actuar”.
El mensaje estuvo dirigido especialmente a las Fuerzas Armadas y a la Policía, instituciones a las que pidió actuar con firmeza, aunque respetando los derechos humanos y el marco constitucional.
La convocatoria refleja una preocupación central para el Gobierno: recuperar la autoridad del Estado sin aparecer como una administración que renuncia a las reglas democráticas.
Por un lado, existe una ciudadanía agotada por semanas de incertidumbre, largas filas para conseguir combustible y dificultades económicas. Por otro, persiste el temor de que una respuesta excesivamente dura pueda profundizar la polarización y generar nuevos focos de conflicto.
El presidente intenta ocupar ambos espacios a la vez. Presentarse como el defensor del diálogo y, simultáneamente, como el líder dispuesto a utilizar todas las herramientas legales disponibles para restablecer el orden.
La promulgación de la ley de excepción también se produce mientras la Fiscalía reporta decenas de personas investigadas por los bloqueos y los hechos de violencia ocurridos durante las protestas, una señal de que la crisis se está trasladando progresivamente de las carreteras a los tribunales.
En las calles de La Paz, donde el impacto de los bloqueos todavía es visible, muchos ciudadanos observan con cautela los acontecimientos. La principal pregunta ya no es quién tiene razón en el conflicto, sino si el país será capaz de encontrar una salida antes de que la confrontación termine por erosionar aún más la economía y las instituciones.
Paz apuesta a que la nueva ley marcará el inicio de la recuperación. Sus detractores temen que sea el comienzo de una etapa más dura del conflicto.
Entre ambas visiones se encuentra una Bolivia cansada, dividida y expectante, que busca volver a la normalidad mientras redefine los límites entre la protesta, la seguridad y la democracia.
