LA PAZ, 8 jun (El Libre Observador) — La crisis política y social que sacude a Bolivia desde hace 39 días ya no solo se mide en carreteras bloqueadas, mercados desabastecidos o enfrentamientos callejeros. También comienza a reflejarse en los tribunales. La Fiscalía General del Estado informó este lunes que al menos 94 personas son investigadas por su presunta participación en hechos de violencia y bloqueos registrados durante las protestas que mantienen paralizado gran parte del país.
El anuncio fue realizado por el fiscal general, Róger Mariaca, en una jornada marcada por nuevos episodios de tensión en La Paz, epicentro de una movilización que comenzó con demandas sectoriales de campesinos, mineros y maestros rurales, pero que con el paso de las semanas derivó en una exigencia política más amplia: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Mariaca precisó que la cifra de investigados aún no incluye a las personas arrestadas durante los disturbios registrados este lunes en la sede de Gobierno. Según detalló, el Ministerio Público abrió más de 90 procesos por delitos relacionados con los bloqueos, ataques a bienes públicos y acciones consideradas una amenaza para la seguridad del Estado.
Los cargos incluyen instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, destrucción o deterioro de bienes estatales, obstaculización del ejercicio de funciones públicas, atentados contra los medios de transporte, afectación de servicios esenciales y tenencia ilegal de armas.
“Existe a la fecha un total de 94 personas que han sido procesadas por diferentes hechos”, afirmó Mariaca ante los medios de comunicación.
Las cifras muestran la dimensión judicial que ha adquirido la crisis. De acuerdo con el fiscal general, actualmente existen 27 personas aprehendidas, 38 arrestadas y 23 que ya comparecieron ante autoridades judiciales en audiencias cautelares. Algunos casos permanecen en etapa preliminar, mientras otros avanzan hacia imputaciones formales.
La Fiscalía busca proyectar una imagen de firmeza en medio de una creciente presión sobre las instituciones. Mariaca subrayó que el Ministerio Público no tiene atribuciones para mantener el orden público —responsabilidad que corresponde a la Policía Boliviana—, pero aseguró que actuará contra cualquier persona u organización que promueva actos violentos o intente “convulsionar” al país.
“Vamos a estar atentos ante cualquier persona que quiera llevar adelante acciones para convulsionar un departamento o el país, pertenezca a la institución u organización que pertenezca”, advirtió.
La advertencia llega cuando Bolivia atraviesa uno de los momentos más delicados desde la llegada de Paz al poder. Los bloqueos han interrumpido el tránsito de alimentos, combustibles y suministros médicos, mientras sectores empresariales y productivos alertan sobre pérdidas económicas crecientes.
El fiscal también hizo un llamado a los sectores movilizados para que ejerzan su derecho a la protesta sin impedir la circulación de productos esenciales. Recordó que la Fiscalía tiene la obligación constitucional de proteger derechos fundamentales como el trabajo, la producción y la libre circulación.
Parte de la atención se concentra ahora en los hechos ocurridos durante el fin de semana en San Julián, en el departamento de Santa Cruz. Mariaca informó que cinco personas fueron aprehendidas por presuntos actos de violencia registrados en esa localidad, donde se produjeron enfrentamientos entre efectivos policiales, civiles organizados y vecinos.
Los acusados enfrentan cargos por terrorismo, tentativa de homicidio y lesiones graves, entre otros delitos. La autoridad señaló que será un juez quien determine su situación jurídica en las próximas horas.
Asimismo, confirmó que dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB), arrestados durante operativos en El Alto, permanecen bajo investigación mientras la Fiscalía evalúa su grado de participación en los hechos denunciados.
Pese al endurecimiento de las acciones judiciales, Mariaca aseguró que todas las actuaciones se desarrollarán con respeto al debido proceso y bajo criterios de objetividad. Sin embargo, la expansión de las investigaciones refleja cómo una crisis nacida en las calles comienza a trasladarse cada vez más a los despachos judiciales, mientras Bolivia sigue buscando una salida a casi seis semanas de confrontación política y social.
