SUCRE, 7 oct (El Libre Observador) – La Fiscalía General de Bolivia convocó al expresidente Evo Morales para declarar este jueves 10 de octubre en el marco de una investigación por presunto estupro y trata de personas.
El caso, que generó gran repercusión mediática y en la opinión pública, involucra una denuncia en la que se señala que Morales tuvo una relación con una menor de 15 años mientras ocupaba la presidencia del país.
La citación ha sido confirmada por el fiscal general, Juan Lanchipa, quien precisó que Morales, junto a los padres de la ahora joven, deberán presentarse a declarar el próximo jueves 10 de octubre en la Fiscalía Departamental de Tarija.
Este nuevo episodio pone nuevamente a Morales en el centro de la controversia en un caso de abuso a menor de edad, en medio de un contexto político delicado. El fiscal Lanchipa enfatizó que se respetarán estrictamente los plazos procesales y el debido proceso en esta investigación, que permanece bajo reserva judicial.
Aunque la Fiscalía ya había emitido una orden de aprehensión contra Morales el pasado 2 de octubre, esta fue suspendida por una juez de Santa Cruz ese mismo día, lo que provocó la destitución y posterior restitución de la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez.
IMPLICACIONES POLÍTICAS Y JUDICIALES
La citación de Evo Morales ocurre en un momento crítico, cuando el país enfrenta diversas tensiones políticas. A pesar de las implicaciones judiciales, el expresidente no ha emitido declaraciones claras sobre el caso preciso y prefirió desvirtuar como un ataque político y limitarse a enfatizar que este caso ya fue cerrado.
Durante una conferencia de prensa el pasado viernes, Morales fue cuestionado por un periodista sobre la supuesta paternidad de una hija nacida en 2016, a lo que respondió visiblemente molesto, con otra pregunta al señala ¿yo le pregunto cuántos hijos tiene? Además, sin confirmar ni negar la acusación dijo que “la familia es sagrada”, replicó Morales, en una respuesta evasiva que dejó sin aclarar la situación.
El proceso ha generado reacciones mixtas en la opinión pública. Por un lado, se exige un tratamiento riguroso de las acusaciones bajo el principio de presunción de inocencia, mientras que, por otro, se teme que la investigación se convierta en un conflicto de carácter político.
Morales, quien gobernó Bolivia casi durante 14 años, ha sido una figura polarizadora tanto dentro como fuera del país, lo que añade una capa de complejidad a este caso judicial.
A pesar de la fuerte expectación pública, el fiscal Lanchipa subrayó que no se pueden proporcionar detalles adicionales debido a la reserva judicial que cubre el proceso. Esta medida busca proteger los derechos de las partes involucradas, especialmente de la joven que habría sido víctima del presunto delito cuando era menor de edad.
