LA PAZ, 6 mar (El Libre Observador) — En Bolivia, un problema técnico que afecta a miles de conductores se ha transformado en un nuevo frente político dentro del propio bloque gobernante. La denuncia sobre la presunta mala calidad de la gasolina ha provocado un cruce de declaraciones entre dirigentes aliados del Gobierno y autoridades del sector energético, dejando al descubierto las tensiones internas en torno a la gestión de los hidrocarburos.
El empresario y líder del partido Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, socio político del presidente Rodrigo Paz Pereira, pidió este viernes a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que ofrezca una solución definitiva al problema del combustible, en lugar de atribuir la situación a gestiones anteriores.
“Esperemos que YPFB se siente sobre el potro y, en vez de echar la culpa a otro Gobierno, resuelva todos los temas”, afirmó el empresario al referirse a los cuestionamientos sobre la calidad de la gasolina que circula en el país.
Sus declaraciones reflejan una creciente preocupación en sectores productivos y del transporte, que en los últimos meses han reportado fallas mecánicas en vehículos que, según denuncian, podrían estar vinculadas al combustible comercializado en el mercado interno.
La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, rechazó las críticas y defendió la gestión actual del sector energético, señalando que los problemas tienen raíces estructurales que se arrastran desde hace décadas.
“Quien piensa que esto no es consecuencia de la gestión pasada es que no conoce el sector de hidrocarburos a cabalidad”, afirmó el ministro, al explicar que la dependencia de las importaciones de gasolina y diésel responde a decisiones acumuladas durante años.
Según Medinaceli, los procesos en el sector energético son de mediano y largo plazo y no pueden resolverse de manera inmediata. “Toda la importación de combustibles es el resultado de al menos 20 años de mala gestión en hidrocarburos”, señaló.
Más allá de la disputa política, el tema toca uno de los pilares de la economía boliviana. El suministro energético depende en gran medida del gas natural, que además respalda buena parte de la generación eléctrica del país.
Doria Medina advirtió que el debate sobre combustibles refleja un problema más amplio: el riesgo de que las reservas de gas continúen disminuyendo. “Si el gas se agota, el país tendrá problemas incluso para garantizar la electricidad”, alertó, recordando que siete de cada diez focos en Bolivia funcionan con energía generada a partir de gas natural.
El episodio llega en un momento clave para el sector energético. El Gobierno impulsa una nueva Ley de Hidrocarburos que busca redefinir el modelo de producción y exploración, mientras el país enfrenta crecientes costos de importación de combustibles y presiones fiscales derivadas de la energía subsidiada.
