LA PAZ, 6 mar (El Libre Observador) — En medio de una nueva ola de tensión en los mercados energéticos internacionales, Bolivia se prepara para revisar el precio de los combustibles que se venden en el país, una decisión que podría traducirse en un nuevo aumento de la gasolina y el diésel y que refleja el profundo cambio que vive la política energética boliviana.
La petrolera estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) confirmó este viernes que en junio se realizará una evaluación técnica de los precios internos, un procedimiento que forma parte del nuevo sistema de ajustes semestrales aprobado por el Gobierno tras la eliminación del histórico subsidio a los carburantes.
La medida marca un giro estructural para un país que durante décadas sostuvo uno de los combustibles más baratos de Sudamérica gracias a fuertes subvenciones estatales. Hoy, sin embargo, el escenario ha cambiado. Bolivia importa una parte importante del diésel y la gasolina que consume, y la volatilidad del petróleo internacional se ha convertido en un factor decisivo para su economía.
“El país toma como referencia los precios internacionales. Si el petróleo sube de manera importante, ese será un elemento que tendrá que analizar el Ministerio de Hidrocarburos”, explicó el vicepresidente de Operaciones Nacionales de YPFB, Sebastián Daroca.
El funcionario señaló que el aumento del crudo impacta directamente en el costo de los cargamentos de combustible que Bolivia adquiere en el exterior. Cada lote importado refleja la cotización del mercado global y presiona el presupuesto estatal destinado a garantizar el abastecimiento interno.
Actualmente, los precios se mantienen congelados por seis meses conforme al Decreto Supremo 5516, la norma que estableció el nuevo sistema de “sinceramiento” de tarifas. Bajo este esquema, el Gobierno revisa periódicamente las cotizaciones internacionales antes de decidir si corresponde mantener o modificar los valores.
Desde la reforma energética implementada entre finales de 2025 y comienzos de 2026, la gasolina especial se vende a 6,96 bolivianos por litro, el diésel a 9,80 bolivianos y la gasolina premium a 11 bolivianos. La decisión de eliminar el subsidio buscó frenar el creciente déficit fiscal generado por la importación de combustibles, combatir el contrabando hacia países vecinos y garantizar el suministro en un contexto de escasez de divisas.
Pero el nuevo sistema también expone a Bolivia a los vaivenes de la geopolítica energética global.
En las últimas semanas, los precios del petróleo han registrado una fuerte subida impulsada por la incertidumbre en Medio Oriente. El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del crudo estadounidense, alcanzó los 79 dólares, su nivel más alto en más de un año, mientras que el Brent del Mar del Norte, referencia internacional, superó los 85 dólares por barril tras acumular un aumento de más del 16 % en pocos días.
El repunte se produjo en medio de un aumento de las tensiones regionales tras una nueva oleada de ataques de Irán contra Israel, un episodio que volvió a sacudir los mercados energéticos y elevó el temor a interrupciones en el suministro global.
Para Bolivia, un país que durante años sostuvo su política energética sobre la base de subsidios y producción interna de gas, el nuevo escenario representa un delicado equilibrio entre estabilidad económica y presión social. Mientras el Gobierno intenta adaptar el mercado interno a la realidad del petróleo internacional, mantiene congelado el precio del Gas Licuado de Petróleo (GLP), ampliamente utilizado en los hogares, como una medida destinada a amortiguar el impacto en la economía familiar.
La revisión de junio se perfila así como una prueba clave para el nuevo modelo energético boliviano, en un momento en que los precios globales del petróleo vuelven a recordar hasta qué punto la política doméstica depende, cada vez más, de las turbulencias del mercado mundial.
