LA PAZ, 17 dic (El Libre Observador) — En medio del mayor ajuste económico en años, el vicepresidente boliviano Edmand Lara marcó distancia este miércoles del Gobierno y rechazó públicamente el gasolinazo y dieselazo decretado por el presidente Rodrigo Paz, al advertir que la eliminación abrupta de la subvención a los combustibles supone “un duro golpe a la economía”, especialmente para los sectores medios y populares.
En una entrevista con el programa No Mentirás, Lara aseguró que no fue informado previamente de las medidas anunciadas la noche del martes y sostuvo que el retiro del subsidio debía realizarse “de manera gradual” y acompasado con la reactivación económica. “No era el momento… Rechazo estas medidas, no tenía conocimiento”, afirmó, en una inusual muestra de disenso dentro del Ejecutivo.
El vicepresidente alertó de un impacto inmediato en la canasta familiar, el transporte público y el costo de vida en general, al tiempo que subrayó que la decisión golpeará con mayor fuerza a quienes tienen menor capacidad de absorción del ajuste. “Es un duro golpe a la economía del boliviano, sobre todo de la clase media y baja”, sentenció.
Las declaraciones llegan horas después de que el presidente Paz anunciara la aprobación del “Decreto por la Patria”, que fija nuevos precios para los hidrocarburos y declara la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social. El paquete incluye también un aumento del Salario Mínimo Nacional a 3.300 bolivianos, vigente desde enero, como principal medida de compensación social.
Bolivia cruzó así una línea política largamente temida. El fin del subsidio a los combustibles —un pilar del pacto social durante décadas— se tradujo en alzas de hasta el 86%: la gasolina especial pasó de 3,74 a 6,96 bolivianos por litro; el diésel subió de 3,72 a 9,80 (163,44% de incremento); y la gasolina premium se elevó de 7,22 a 11,00 bolivianos. El Gobierno defendió el ajuste como un “sinceramiento” necesario para frenar la hemorragia fiscal y garantizar el abastecimiento.
Paz justificó el viraje con un diagnóstico severo: reservas internacionales agotadas, escasez de divisas, inflación y un Estado debilitado. “No administrar la decadencia”, dijo, al presentar la medida como inevitable para evitar un colapso mayor y liberar recursos que, según el Ejecutivo, se destinarán a inversión regional y servicios básicos.
Pero el rechazo del vicepresidente introduce una fisura política en el momento más delicado del ajuste.
