LA PAZ, 11 ago (El Libre Observador) — El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció la suspensión del segundo debate presidencial, que debía celebrarse este martes 12 de agosto en La Paz, tras la confirmación de que varios candidatos no asistirían.
La ausencia de presidenciables clave dejó al evento sin las condiciones mínimas para su realización, marcando un retroceso en uno de los pocos espacios de confrontación directa de ideas en la política boliviana contemporánea.
La decisión fue comunicada por el vocal Francisco Vargas, quien adelantó que el órgano electoral emitirá un comunicado oficial en las próximas horas. El encuentro, organizado junto con la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), debía abordar asuntos neurálgicos: crisis económica, producción y abastecimiento de combustibles, acceso a servicios básicos, salud, educación y provisión de artículos de primera necesidad.
La ANPB y la CEPB habían advertido días atrás que sin la participación de todos los aspirantes “no se cumplirían los objetivos” del debate, diseñado para ofrecer a los votantes un panorama plural y equilibrado.
“Un esfuerzo de esta naturaleza debe estar acompañado por la decisión de los candidatos y las alianzas políticas para aportar al pluralismo, el libre intercambio de ideas y el principio de igualdad plena”, señalaron en una carta enviada al presidente en ejercicio del TSE, Óscar Hassenteufel.
En la práctica, la suspensión refleja un patrón que no es nuevo en Bolivia. Desde la transición democrática en los años 80, los debates presidenciales han sido esporádicos, fragmentados y en muchos casos boicoteados por campañas que consideran más seguro evitar la confrontación pública.
En 1989, 1993 y 2002, hubo esfuerzos parciales por institucionalizar estos encuentros, pero la tradición nunca se consolidó. La irrupción del MAS en 2005, con una ventaja electoral holgada, marcó un periodo en que los debates dejaron de ser vistos como indispensables por los favoritos en las encuestas.
El primer debate oficial bajo organización del TSE no se realizó hasta 2020, en medio de una crisis política y sanitaria sin precedentes. Aquella experiencia fue celebrada como un avance hacia la maduración del electorado, pero su continuidad siempre ha estado condicionada por la voluntad de los candidatos. “En Bolivia, el debate presidencial no es todavía una obligación política ni un derecho garantizado; depende más del cálculo electoral que de un compromiso con la democracia deliberativa”, afirma el analista político Carlos Cordero.
En esta ocasión, los candidatos Jorge “Tuto” Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa anunciaron que no participarían, priorizando caravanas y actos de cierre de campaña. La presidenta de la ANPB, Zulema Alanes, lamentó la estrategia: “Pierden la oportunidad de conectar con la ciudadanía y de responder sobre asuntos cruciales para el país”.
El debate suspendido era la segunda y última oportunidad para ver a los ocho candidatos en un escenario común antes de las elecciones. Para sectores académicos y observadores internacionales, su cancelación debilita la transparencia y limita la capacidad de los votantes para contrastar propuestas en tiempo real.
En un contexto de polarización y desgaste institucional, este revés podría reforzar el desapego ciudadano hacia la política formal.
Más allá de la coyuntura, el episodio reabre la discusión sobre la necesidad de normar y garantizar la realización de debates presidenciales como un componente permanente del proceso electoral. En países vecinos como Chile, Argentina y Brasil, la tradición de debatir en campaña es parte integral de la democracia, mientras que en Bolivia sigue siendo un ejercicio opcional. La diferencia, señalan expertos, es que donde hay debate, la rendición de cuentas es más visible y el voto tiende a estar mejor informado.
Con esta suspensión, Bolivia se queda sin el que sería su último gran foro electoral antes de la jornada de votación. El silencio de los candidatos en un escenario de confrontación pública deja un vacío que, para muchos, no será llenado por discursos de plaza ni mensajes en redes sociales. El reto pendiente sigue siendo transformar los debates de un gesto voluntario en un pilar irrenunciable de la vida democrática del país.
