LA PAZ, 15 ago (El Libre Observador) — En un accionar inesperado en la arena política y judicial de Bolivia, el procurador general del Estado, César Siles, formalizó este jueves una demanda en contra del expresidente Evo Morales (2006-2019) por los delitos de «difamación, calumnia e injurias».
La denuncia, presentada a título personal por Siles, demanda a Morales de realizar afirmaciones graves y sin pruebas, lo que ha llevado el conflicto a las instancias judiciales.
El proceso legal ha comenzado con el sorteo de la causa, que ha recaído en el Juzgado 12 de Sentencia en lo Penal de La Paz.
Según Siles, el proceso se encuentra en una fase preliminar, donde se desarrollarán los actos preparatorios antes de avanzar hacia el juicio oral.
Morales, informado de la demanda, tendrá la oportunidad de retractarse en una audiencia de conciliación, un paso clave que podría definir el rumbo del proceso.
Las acusaciones de Morales, que han motivado esta acción legal, surgieron en el contexto de una serie de declaraciones donde el exmandatario afirmó que Siles había solicitado $us 40.000 a un grupo de 10 militares detenidos por su presunta participación en el fallido golpe de Estado, a cambio de su liberación.
Sin embargo, Morales admitió públicamente que no posee pruebas para sustentar sus acusaciones.
Siles ha sido claro en su postura: si Morales decide no asistir a la audiencia de conciliación, la ley contempla su derecho a no participar.
Sin embargo, en caso de que el expresidente se ausente del juicio, podría ser declarado rebelde, lo que conllevaría la emisión de una orden de aprehensión inmediata.
Este caso no solo pone en el centro del debate la responsabilidad de las figuras públicas al hacer declaraciones sin respaldo, sino que también subraya la tensión política latente en el país. Con el proceso en marcha, la expectativa sobre el desenlace crece, marcando un nuevo capítulo en la relación entre el poder judicial y los actores políticos en Bolivia.
