LA PAZ, 12 sep (El Libre Observador) — En Bolivia, donde la economía es el campo de batalla más visible entre Gobierno, oposición y movimientos sociales, la Cámara de Diputados aprobó una ley que suspende durante seis meses los embargos y ejecuciones judiciales por créditos de vivienda social y microcréditos. La norma, que aún debe ser debatida en el Senado, ofrece un alivio financiero a más de 1,4 millones de prestatarios en un país donde los pequeños negocios y las hipotecas de interés social sostienen buena parte de la vida cotidiana.
El proyecto llega en un momento delicado: la inflación se mantiene baja en comparación regional, pero los sectores populares sienten el peso de un crecimiento económico ralentizado y de tensiones fiscales.
Entre 2020 y 2024, la mora en la cartera de microcréditos se duplicó, pasando de 1,8% a 3%, mientras que en los préstamos de vivienda social subió de 1% a 3,7%. Para familias que dependen de ingresos inestables o pequeños productores golpeados por la sequía y la volatilidad de precios agrícolas, esos puntos porcentuales marcan la diferencia entre conservar un techo o perderlo.
Una medida temporal, pero cargada de política
El Gobierno de Luis Arce, enfrentado a un calendario electoral exigente hacia 2025, presenta la norma como un gesto de protección social que no compromete la estabilidad financiera.
“Es una medida responsable y focalizada”, defendió el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, recordando que el sistema bancario cerró 2024 con utilidades históricas superiores a 389 millones de dólares. Según sus cálculos, los créditos alcanzados no superan el 3% de los depósitos, lo que evita riesgos mayores.
El antecedente inmediato está en la pandemia: en 2020, Bolivia aplicó un diferimiento masivo de cuotas que llegó a cubrir más del 10% de la cartera bancaria. Años después, el índice se redujo al 1,4%, un dato que el Ejecutivo exhibe como prueba de la cultura de pago sólida de los bolivianos. “La mayoría se puso al día cuando pudo”, insiste Montenegro.
Pero la oposición ve en la norma un doble filo. Por un lado, reconoce la urgencia de ofrecer un alivio a los sectores más vulnerables. Por otro, advierte que el Gobierno busca capitalizar políticamente la narrativa del respiro económico sin resolver de fondo la dependencia del país de materias primas y créditos externos.
El pulso con la banca
La ley prohíbe explícitamente a los bancos aplicar intereses adicionales, penalidades por mora o cambios en pólizas de seguro mientras dure la suspensión. El sector financiero, que no se opuso de manera frontal, pero se mostró cauteloso, considera que cualquier medida de este tipo genera incertidumbre en la relación entre deudores y entidades.
“Bolivia tiene un sistema bancario sólido, pero también altamente concentrado en créditos de consumo y microempresa. Cualquier alteración legal siempre despierta preguntas sobre la seguridad jurídica”, señala un analista financiero en La Paz.
Las 12 organizaciones sociales que respaldaron la norma celebraron la votación como una victoria. Para movimientos campesinos, gremiales y cooperativistas, se trata de un reconocimiento a la fragilidad de millones de pequeños prestatarios que quedaron atrapados entre la presión bancaria y una economía que no despega con la fuerza prometida.
Un alivio en medio de tensiones
La medida se inscribe en un panorama regional donde varios gobiernos —de Brasil a Perú— han aprobado programas de alivio temporal de deuda para contener malestar social. En Bolivia, donde la política se juega en la calle tanto como en el Parlamento, la ley es un recordatorio de que el acceso al crédito, la vivienda y la pequeña producción son tan cruciales como el litio o el gas en la agenda pública.
Para las familias con créditos de interés social, la suspensión significa unos meses sin la amenaza inmediata de embargos. Para el Gobierno, es una apuesta a ganar tiempo y apoyo en un año que marcará la cuenta regresiva hacia el Bicentenario y unas elecciones polarizadas.
La pregunta es si seis meses de respiro serán suficientes para un país donde la economía doméstica, igual que la política, parece vivir en una tensa pausa antes de la próxima tormenta.
