LA PAZ, 28 may (Libre Observador) — Bolivia comienza a parecer un país detenido. En las carreteras del altiplano, largas filas de camiones inmóviles se pierden entre montañas cubiertas de frío y humo de fogatas improvisadas. En las ciudades, las colas para conseguir gasolina se extienden durante horas y los mercados muestran cada día menos alimentos frescos. Tras casi un mes de protestas, el conflicto social y político escaló este jueves a uno de sus puntos más críticos con 84 bloqueos activos en distintas rutas del país y un Gobierno cada vez más cercado por la presión sindical y campesina.
La estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó que los cortes de ruta continúan expandiéndose, especialmente en el departamento central de Cochabamba, convertido nuevamente en el corazón de la protesta boliviana. Allí se registran 30 puntos de bloqueo. La Paz suma 22; Potosí, 15; y Oruro, 10. Chuquisaca y Santa Cruz también reportan interrupciones parciales, mientras Tarija, Beni y Pando permanecen sin bloqueos, aunque ya sienten los efectos del colapso logístico.
El mapa de carreteras refleja una fractura territorial cada vez más visible: el occidente boliviano permanece prácticamente aislado del resto del país. Varias rutas nacionales están totalmente interrumpidas y otras funcionan con tránsito restringido, dificultando el traslado de pasajeros, alimentos, combustibles y medicamentos.
La sede de Gobierno vive las consecuencias más palpables. En La Paz, cientos de conductores pasan la noche dentro de sus vehículos esperando cargar combustible. Comerciantes denuncian una caída drástica en el abastecimiento de verduras, carne y productos básicos. Las farmacias comienzan a reportar escasez de algunos medicamentos y la sensación de agotamiento colectivo se instala lentamente entre los ciudadanos.
Lo que comenzó hace casi un mes como una protesta por demandas salariales y reclamos sectoriales derivó en una movilización política nacional contra el presidente Rodrigo Paz. La Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos, sectores indígenas, maestros, mineros y juntas vecinales encabezan las movilizaciones y exigen abiertamente la salida del mandatario.
El miércoles, Paz volvió a convocar al diálogo a los dirigentes campesinos “Túpac Katari” y a la COB, aunque endureció el tono al advertir que sería “la última vez” que haría el llamado. La frase fue interpretada por analistas locales como una señal del creciente desgaste del Ejecutivo y de la dificultad para encontrar una salida negociada.
Mientras tanto, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones intentan construir un puente entre el Gobierno y los sectores movilizados. Este jueves se instaló una reunión en la sede de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), aunque sin la presencia de varios de los principales dirigentes sindicales y campesinos, lo que redujo desde el inicio las expectativas de un acuerdo inmediato.
En paralelo, las organizaciones sociales anunciaron la convocatoria a un gran cabildo nacional para decidir el futuro de las protestas. La intención es que representantes de los nueve departamentos definan colectivamente si aceptan ingresar al diálogo o si radicalizan las medidas de presión.
“Vamos a convocar a un gran cabildo nacional para que las bases decidan si vamos al diálogo o continuamos la lucha con mayor fuerza hasta que se vaya Rodrigo Paz”, afirmó David Mamani, exdirigente de la Federación Túpac Katari, una de las organizaciones más influyentes de la movilización campesina.
La desconfianza atraviesa ahora incluso a los sectores movilizados. Mamani advirtió que existen temores sobre posibles negociaciones reservadas entre dirigentes y el Gobierno y aseguró que ninguna decisión puede tomarse “a espaldas” de las bases que mantienen los bloqueos.
Bolivia entra así en una fase de tensión imprevisible. Después de 28 días de carreteras cortadas, desabastecimiento y desgaste económico, el conflicto ya no parece únicamente una disputa sindical ni una protesta sectorial. Se ha transformado en una crisis política de alcance nacional que pone a prueba la estabilidad del Gobierno de Rodrigo Paz y reabre los viejos fantasmas de polarización que históricamente marcaron la vida política boliviana.
