LA PAZ, 5 feb (El Libre Observador) — Samuel Doria Medina, principal aliado político del Gobierno de Rodrigo Paz Pereira, elevó este jueves el tono de sus críticas contra la administración gubernamental, al rechazar el argumento oficial que atribuye a la gestión de Luis Arce la responsabilidad por la gasolina defectuosa que dañó vehículos en distintas regiones del país.
“Ya está de buen tamaño ese cuento de la anterior gestión”, afirmó el empresario y líder de Unidad Nacional, en una declaración que expone las tensiones internas dentro del bloque gobernante y marca un punto de inflexión en una relación hasta ahora basada más en coincidencias estratégicas que en una alianza formal.
Doria Medina sostuvo que la responsabilidad recae directamente en la actual conducción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), cuyos ejecutivos —subrayó— fueron designados por el nuevo Gobierno. “Desde el momento en que han sido nombrados, son responsables de sus actos. Ya no pueden echar la culpa al anterior Gobierno”, aseveró.
El pronunciamiento se produjo un día después de que el Ejecutivo atribuyera el problema del combustible a residuos heredados en los tanques, una explicación que el empresario consideró cada vez menos creíble. “A casi 90 días de gestión, ese relato pierde fuerza ante la población”, remató.
Más allá del cruce político, Doria Medina apuntó directamente a la gestión técnica de la estatal petrolera. Calificó de “lamentable” que YPFB no haya sido más cuidadosa y alertó sobre la realización de pruebas o experimentos que terminaron afectando a los usuarios. Para reparar los daños, propuso que la empresa estatal contrate talleres mecánicos que asuman las reparaciones de los vehículos perjudicados.
El empresario aprovechó la polémica para aclarar su vínculo con el Ejecutivo. Insistió en que no existe una alianza política formal, sino una “comunidad de objetivos”, centrada en el fortalecimiento de la democracia y una economía de mercado “libre y abierta”. Según Doria Medina, cerca del 60% de las propuestas económicas de su partido han sido asumidas por el Gobierno, aunque admitió que persisten diferencias relevantes.
Entre ellas, destacó su preocupación por la transparencia estatal, al recordar el incremento exponencial de pasaportes diplomáticos durante la gestión del Movimiento Al Socialismo (MAS). “Pasaron de unas decenas a más de 300. ¿Para qué era? Para hacer contrabando. No era para otra cosa”, afirmó, en una acusación que amplía el foco del debate más allá del episodio del combustible.
Las declaraciones revelan una fractura discursiva dentro del oficialismo ampliado y reflejan las dificultades del Gobierno para consolidar un relato propio en medio de una crisis económica y de gestión que comienza a tensar incluso a sus aliados más cercanos.
