LA PAZ, 26 ago (El Libre Observador) — Sectores sociales en Bolivia vuelven a mirar hacia las calles, mientras el Gobierno advirtió este miércoles prolongar el estado de excepción si persisten las amenazas de protestas y las acciones que considera contrarias al orden institucional. La amenaza introduce una nueva tensión política cuando queda menos de un mes para que concluya la medida vigente.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, fue tajante al defender la continuidad de la excepcionalidad si las movilizaciones vuelven a poner en riesgo, según el Ejecutivo, la estabilidad del país.
“Si esta amenaza sigue, tiene que ampliarse el estado de excepción”, afirmó la autoridad, al sostener que el Gobierno no permitirá que se interrumpa el estado de derecho ni que las protestas alteren las garantías democráticas.
La decisión no es todavía una prórroga formal. El estado de excepción fue decretado en junio después de 53 días de bloqueos, con el argumento de restablecer el tránsito y garantizar la libre circulación. Su vigencia es de 90 días y está prevista hasta el 18 de septiembre, aunque una eventual ampliación requiere autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
La posibilidad de prolongarlo vuelve a colocar sobre la mesa el delicado equilibrio entre seguridad, protesta social y derechos ciudadanos. Para el Ejecutivo, las nuevas amenazas constituyen una señal de que algunos grupos mantienen una estrategia de presión destinada a generar inestabilidad política.
“Si seguimos con estas amenazas, con estas acciones que van en contra del estado de derecho y el respeto al estado de excepción, claro que tiene que ampliarse”, insistió Aramayo.
UNA MEDIDA QUE EL GOBIERNO CONSIDERA CUMPLIDA
Desde el área de seguridad, el Gobierno sostiene que la medida extraordinaria ya consiguió buena parte de sus objetivos. El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, aseguró que el estado de excepción permitió recuperar la circulación y concentrar los controles en los puntos donde se registraban conflictos.
“El estado de excepción ha cumplido sus objetivos, hemos garantizado la libertad para todos los que no están en conflicto”, señaló.
Paredes defendió una aplicación selectiva de la medida, que describió como un estado de excepción “quirúrgico”, orientado a intervenir únicamente en las zonas donde aparecieran focos de conflicto o acciones que el Gobierno identifica como conspirativas.
La expresión revela la estrategia oficial: mantener la herramienta extraordinaria sin convertirla, al menos en el discurso gubernamental, en una restricción generalizada de las actividades de la población.
LA ASAMBLEA TENDRÁ LA ÚLTIMA PALABRA
Pese a las advertencias del ministro de la Presidencia, el Gobierno todavía no ha anunciado una decisión definitiva sobre una eventual ampliación. Paredes subrayó que aún queda más de un mes de vigencia y que cualquier determinación será evaluada cuando se acerque el vencimiento.
“Ese es un tema que se discutirá en su tiempo”, afirmó.
La cuenta regresiva hacia el 18 de septiembre abre así un nuevo frente político. Si las amenazas de movilización se concretan o aumentan las acciones que el Ejecutivo considera desestabilizadoras, el Gobierno podría solicitar al Legislativo una extensión de la medida.
El escenario deja planteada una pregunta que trasciende la duración de un decreto: hasta dónde puede extenderse una medida concebida como excepcional sin convertirse en una herramienta permanente de control del conflicto social.
Por ahora, el Gobierno mantiene vigente el estado de excepción y eleva el tono de sus advertencias. La oposición y los sectores movilizados deberán medir sus próximos pasos, mientras el Ejecutivo prepara el terreno para una eventual decisión que, de concretarse, volvería a llevar al Parlamento el debate sobre los límites del poder excepcional frente a la protesta social.
